UN GASTO INDEBIDO QUE PAGAMOS TODOS LOS SALVADOREÑOS Y SALVADOREÑAS.-POR RODRIGO AGUILAR.

UN GASTO INDEBIDO QUE PAGAMOS TODOS LOS SALVADOREÑOS Y SALVADOREÑAS.-POR RODRIGO AGUILAR.


Recientemente, fue aprobado por todas las fracciones de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, un decreto que permitirá que los diputados que terminan sus funciones el 30 de abril porque no resultaron electos en las pasadas elecciones, reciban un beneficio por tres años que consiste en la asignación de dos policías para que les brinden protección durante un lapso de 3 años, cabe aclarar que este privilegio también incluye a los diputados del Parlamento Centroamericano; este beneficio tendrá un costo anual de $ 2,140,992.00 USD y en los 3 años el costo total será de $ 6,422,976.00 USD.

Sin lugar a duda, esta es una muestra donde el despilfarro es símbolo de unión de las diferentes ideológicas, porque ningún partido político rechazó la medida, que debe ser considerada inmerecida para quienes terminan sus funciones porque desde el momento que no lograron los votos necesarios significa que la población no estaba de acuerdo en que continuaran; a partir del primero de mayo deben volver a ser ciudadanos comunes y corrientes, sin privilegios y con las dificultades que enfrentamos la mayoría de la población que día a día nos vemos expuestos a ser víctimas de la delincuencia.

Este es un acto indebido e injusto y que debe llevar quienes lo aprobaron a responder las siguientes preguntas: ¿Cuántas obras sociales se pueden realizar con este dinero? ¿Por qué en este tipo de decretos si hay consenso y no en aquellas leyes que implican temas de nación? ¿Cuántos puestos policiales se pudieron haber creado para la protección de la mayoría de la población y escuelas?

Los dirigentes políticos de todas las corrientes ideológicas deben entender que este tipo de acciones hacen que la mayoría de la población se encuentre desencantada, y que este desencantamiento fue manifestado con el alto de nivel de abstencionismo reflejado en las pasadas elecciones, porque la mayoría de la población está enfrentando dificultades económicas y a esto se suma el aumento de precio en los combustibles, en la factura de energía eléctrica, en el gas y un posible aumento en el pasaje de autobús; en consecuencia resulta inaceptable que se carguen las finanzas del estado para beneficiar particularmente a quienes el pueblo determinó que no podían continuar como diputados.