ESTA ES MI VERSION SOBRE LAS ACUSACIONES DE CORRUPCION-Miguel Tomás López Iraheta

EN MOMENTOS DE DESGRACIA A LOS ENEMIGOS NO SE LES DA EXPLICACIONES PUES NUNCA LAS CREERAN Y A LOS AMIGOS NO NECESITAS HACERLAS.

Con la ya tan acostumbrada pompa y desproporción a la que nuestra sociedad se está acostumbrando y de paso celebra cínicamente cual circo romano, desgraciadamente me he enterado de las denuncias y requerimientos que ha interpuesto la Fiscalía General de la Republica en contra de mi persona sobre supuestas (aunque para ellos ya son probadas y demostradas) acciones delictivas para favorecer a miembros de la seguridad de la Institución en la asignación de un lote de tierra, así como favorecer durante mi gestión a más de 500 empleados del ISTA de manera ilegal.

También se manifiesta que dicho procedimiento fue advertido en su momento por la Corte de Cuentas de la República, aseverando que era ilegal y que yo hice caso omiso de esto.

Además se menciona que mi peligrosidad es tal, que salí huyendo del país y que por esa razón se ha puesto una Orden Roja en INTERPOL (según lo manifiestan en los periódicos) a efecto de procurar mi captura. Y de paso, en dicha huida he emigrado ilegalmente a España con el propósito, según dicen, de evadir mi castigo. Habiendo recibido un “soplo” antes de la orden.

En primer lugar no he huido. Hasta la fecha en que decidí viajar por razones personales y familiares, y como la misma Fiscalía General me lo había notificado por escrito cuando indagué por primera vez estas denuncias en el año 2009, yo no tenía ninguna orden de captura ni ninguna orden administrativa a esa fecha 15 de mayo, POR QUE NO TENIA NINGUN IMPEDIMENTO PARA VIAJAR. Mi abogado es testigo de las varias solicitudes de audiencia que se pidieron a la Fiscalía General para aclarar mi situación.

Si ellos decidieron presentarla la Orden Administrativa en fecha posterior a mi viaje y después decir que yo salí huyendo, es una simple bajeza y una forma poco profesional de ocultar el hecho de que la fecha en que ellos pretendían actuar, era el acercamiento a la celebración pública de un aniversario más del Cambio y que se cumplirían cuatro años de mi retiro del ISTA. Todo con el conocido propósito de participar en este Circo mediático de que TODOS CUMPLEN LA LEY.

¿Por qué no lo hicieron durante todo este tiempo anterior? Por meses han tenido el caso sin agregarle ninguna documentación a lo que la Albanes presentó en el 2009, por meses supieron de mi interés y de mi preocupación en demostrarme parte ante esta denuncia, y no hicieron lo que hoy despliegan con tanta propaganda.

Tampoco es cierto que se pidió mi orden de aprehensión porque no me encontraron en los “lugares que frecuenta”. ¿Qué es eso de “lugares que frecuenta”? ¿Se trata de algún escondite o cueva secreta? ¿Porqué no dijeron “lugares donde el trabaja o reside”? Es obvio la mala intención y la incapacidad autoinducida, por pura conveniencia mediática. ¿Si ya había salido de país, cómo me podían encontrar?

Desde 1989 (HACE 22 AÑOS) vivo en la misma casa (ahí están los recibos de ANDA, CLARO, TELEFONICA, CAESS); desde 1985 (HACE MAS DE 26 AÑOS) trabajo en una propiedad agrícola cuya posesión familiar se remonta hasta 1922 (HACE CASI 90 AÑOS). Solo bastaba preguntar para ubicarme.

Dicen que no tengo arraigo, pues deberían investigar en la misma Fiscalía General de la República, las constantes visitas y escritos que hago llegar desde julio de 2010, tratando de hacer valer los derechos míos y de mi familia como víctimas de Estafa, Administración Fraudulenta y otros delitos sufridos por una Empresa Lotificadora. Y que nos hemos visto obligados a tramitar personalmente y casi constantemente ante el Viceministerio de Vivienda, el CNR y otras Instituciones como representante legal de la familia, para hacer valer nuestros derechos y el de los compradores estafados. Ahí están las notas en donde me he mostrado parte y he dicho claramente donde puedo ser notificado.

Tengo mi actividad económica inscrita en el Registro de Contribuyentes, pago los impuestos del IVA, en el Ministerio de Hacienda están registradas las facturas en donde aparece detalladamente mi nombre, numero de NIT, numero de DUI y la dirección del negocio. Trabajo con más de 12 personas a las que les doy empleos permanentes en el manejo de la propiedad y el negocio. Tengo hijos que dependen de mí económicamente y a quienes tengo que proveerles alimentos y sustento. Atiendo las necesidades económicas y de salud de mi madre de manera directa tanto como hijo como su apoderado general.

No puedo decir que los del FMLN sepan de mi diario vivir (aunque lo dudo), pero muchos miembros de diferentes organizaciones pertenecientes a los sectores campesinos, ex patrulleros, desmovilizados e incluso excombatientes del mismo FMLN, me han conocido en estos años en los mismos lugares. Como presidente del ISTA y hoy como persona simple y llana, cientos de personas vinculadas con las Cooperativas de la Reforma Agraria y Organizaciones diversas me visitaron y aún me visitan en la propiedad agrícola y saben ellos que ahí siempre me pudieron buscar y encontrar. Muchos empleados ACTUALES del ISTA conocen donde vivo y donde trabajo. A muchos técnicos y Cooperativistas atendí en fines de semana en esa propiedad familiar.

¿Cómo es posible que digan que no me ubicaron y el mismo Juzgado me ha mandado directamente al negocio la citación para que yo comparezca a la intimación? ¿Donde está la huida? ¿Es una incapacidad a propósito? ¿Con todo su aparataje y recursos desplegados, no pudieron determinar donde trabajo o resido?

La mala fe no puede ser ocultada ni disculpada ante tanta evidencia geográfica.

Habrá que preguntarse si les convenía o no encontrarme, para echarle más leña al fuego. Así como levantan sendas investigaciones que nunca terminan en nada, esto era de lo más sencillo enterarse mediante una llamada o una visita, si al momento de emitir la orden yo me encontraba en el país.

Dicho esto, me voy a presentar a demostrar que no tengo ningún propósito de esconderme o de evadir alguna responsabilidad.

Quiero manifestar en principio que desde que la ex-presidenta del ISTA, Karla Mabel Albanes presentó esta denuncia, siempre me comporté y actué de la manera más honesta y sincera que nuestra sociedad permite, desarrollando mis actividades normales, tratando de ser útil a mi familia y a mis semejantes.

Se habla tergiversadamente de entrega de lotes a políticos y empleados de confianza y se desproporciona, por ignorancia o por malicia o por ánimo de notoriedad, una acción que en todo momento estuvo respaldada por documentos, disposiciones, acuerdos de Junta Directiva y cualquier respaldo legal.

Esta denuncia ya la esperaba de antemano y desde la misma llegada del nuevo Gobierno, me enteré de las actitudes y declaraciones vulgares de la ex presidenta del ISTA, en contra de mi persona y en contra de la gran mayoría de empleados con frases como: “Vamos a joder a estos perros ARENEROS”, “El hijueputa de López tiene que pagar todo lo que nos jodió en la campaña”, “Los perros de ARENA se van a arrepentir”, “Estos empleados hijosdeputa son la tapadera de López”. Con estas vulgares declaraciones dadas públicamente ante los mismos empleados me demostraba que había una intención maliciosa y claramente política de una persona que en su momento, según se dice y no he podido comprobar (por lo que no lo asevero), hasta fue cuestionada y botada por la misma Fiscalía General de la República dadas algunas situaciones irregulares (incluyendo la obtención de su título de licenciada) y que hasta se implicó, según se supo en los mismos periódicos del momento, en los actos vandálicos de Suchitoto, cuando se pretendió inaugurar un sistema de agua en la época del Presidente Saca.

Al amparo de una supuesta "intima amistad" con el actual Ministro de Gobernación, que para algunos fue pública y notoria en las Instalaciones del ISTA (lo cual no me consta personalmente), se dedicó a fraguar esta descomunal denuncia, con el propósito ya apuntado.

A partir de esas posiciones que rallaron en lo prosaico, y aceptando el hecho que esto es, no una victoria contra la corrupción, sino un acto más de la opereta circense, me niego a aceptar por convicción y por principios (aunque no me sirva de nada) cualquier juicio moral y ético sobre mi actuación profesional.

Muchos de los que conocen mi actuación y de los que en su momento atendí siendo Presidente del ISTA, incluyendo a muchos diputados del FMLN y hoy importantes funcionarios del Cambio, saben de mi comportamiento y de mi desempeño imparcial. Pero eso a fin de cuentas no creo que abone a mi causa; pues serán pocos los que harán a un lado sus cadenas políticas para expresar por lo menos la realidad.

Hasta se me reclamaba, el hecho de que en mi gestión fueron más los miembros de Organizaciones Campesinas y campesinos individuales simpatizantes del FMLN los que fueron beneficiados, que cualquier simpatizante de otros partidos, de ARENA mismo o sin ninguna afinidad política. Y ellos también lo saben, pero obviamente nunca lo van a decir.

Al evaluar esta denuncia en su total dimensión, me da la oportunidad de enfrentar en su momento este reto importante para mí y los míos, y demostrarle la verdad a cualquiera de los tantos detractores gratuitos que me endosaron a lo largo de mi trabajo; quienes de seguro han de estar regocijados por tener la oportunidad de volcar públicamente sus frustraciones, sus ansiedades políticas y su primitiva forma de poder darse a entender. Ya lo decía mi filósofo favorito Schopenhauer: “La envidia en los hombres muestra cuán desdichados se sienten, y su constante atención a lo que hacen o dejan de hacer los demás, muestra cuánto se aburren.

Mi conciencia está tranquila, y siempre he acudido a Dios en tiempos de tribulación. Si otros lo invocan sabiéndose culpables; ¿por qué no voy a pedirle por mí sabiéndome acosado injustamente? Antes mandaban a matar a los enemigos políticos, hoy por lo menos puedo defenderme públicamente.

Ya desde el primer día de la denuncia apuntada en 2009, me apersoné a la Fiscalía a solicitar se me informara del caso y pudiera tener la oportunidad de presentar pruebas de descargo y aclarar jurídicamente en qué condiciones y en qué momento se habían dado los supuestos hechos. Sin embargo no se me dio la oportunidad que está plasmada en el Artículo 80 del Código Procesal Penal que dice: Inciso 2: Quien tuviere conocimiento que se le está investigando o que se le puede imputar la comisión de un hecho punible, podrá presentarse ante la Fiscalía General de la República, debiendo ser escuchado e informado sobre la denuncia, querella o aviso. De este acto el fiscal levantará acta.

Pasaron casi dos años desde la denuncia y de mi solicitud ante la Fiscalía General y nunca se me permitió informarme, ni se me tomó nota, ni se me extendió ninguna acta, a pesar de que la susodicha Albanes había hecho pública su consigna.

Los abogados saben que la Fiscalía General de la República tiene la obligación de investigar, no sólo las pruebas para incriminar a alguien, sino también las pruebas para demostrar una inocencia o falta de responsabilidad. En ese sentido, siempre quise exponerles mi punto de vista sobre los supuestos hechos para que ellos las sopesaran, pero siempre se me fue negada.

Yo no buscaré venganza contra la ex presidenta del ISTA, pues ella sólo es una simple y ordinaria peona que obedeció ordenes; una mediocre y oscura profesional que pasó con más pena que gloria por esa Institución.

Por lo demás y como decía Schopenhahuer: "No hay que desesperar a cada absurdo que se dice en público o en la sociedad, que se imprime en los libros y que se acoge bien, o al menos no se refuta; no hay que creer tampoco que quedará eternamente consolidado. Sepamos, para consuelo nuestro, que más tarde e insensiblemente, el absurdo se rumiará, se elucidará, se meditará, se examinará, se discutirá, y las mas veces de las veces se juzgará con justicia al fin y al cabo, de suerte que, después de transcurrido un tiempo variable en función de la dificultad del asunto, casi todo el mundo acabará por comprender lo que el espíritu lúcido había visto a primera vista. Verdad es que en el ínterin hay que tener paciencia, porque un hombre de juicio justo entre personas que están en el error se parecerá a aquel cuyo reloj marcha bien en una ciudad en donde todos los relojes andan desarreglados. Él sabe la hora exacta; pero ¿qué importa? Todo el mundo se guía por los relojes públicos, que marcan una hora fatal, aun los que saben que sólo el reloj del primero da la hora verdadera."

A partir de este momento se van a inventar cuanta cosa se les ocurra, y de nueva cuenta estaré defendiéndome cada vez que sea necesario. Temo por supuesto, pero no más allá de lo necesario. Confío en Dios y en su justicia. A los que me interesa que sepan cómo he actuado, ya lo saben y están confiados. A los otros, a los de siempre, es a mí a quien no le interesa que sepan.

LOS HECHOS
No conozco todavía el requerimiento ni la denuncia que ha presentado la Fiscalía, pero basándome en las aseveraciones periodísticas (que las más de las veces nunca enmiendan errores) puedo entender lo siguiente:

1. Soy demandado por no haber denunciado en su momento las adjudicaciones que se efectuaron en administraciones anteriores a la mía, a favor de empleados del ISTA y que sumarían más de 500 lotes por un valor aproximado de $45,000.00. En síntesis se me quiere hacer responsable por un hecho directo que no cometí o que fue ejecutado por otros, pero que se me endosa por INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. Manifestando que hubo una resolución o informe de la Corte de Cuentas en que se me informaba de tal hecho y yo no lo denuncié.

2. Soy demandado por haberle asignado lotes a “personal de confianza” a “escolta personal” a “seguridad”, bajo el argumento de que son empleados y por lo tanto no tenían derecho a recibir este beneficio.

Todo esto valga decir es lo que aparece en los periódicos.

No voy a entrar en pormenores ni a mayores explicaciones jurídicas en tanto no conozca los hechos, pero sí puedo expresar algunos puntos referentes a mi acusación, porque tengo la libertad y el derecho de hacerlo y porque estoy con mi conciencia tranquila de que actué de la manera que consideré correcta.

Con respecto al primer caso que se me imputa:

1. Los hechos se dieron antes de mi nombramiento como Presidente del ISTA, entre 1997 y 1998 aproximadamente. Fueron las anteriores administraciones del ISTA las que hicieron la adjudicación a empleados de la misma. Hoy se dice que yo soy responsable por no haberlos denunciado a ellos, que Armando Zepeda es responsable por no haberme denunciado a mí, y Magdaleno Guzmán es responsable por no haber denunciado a Armando Zepeda. Y a los que aprobaron la adjudicación a favor de los empleados, la misma Fiscalía pide sobreseimiento definitivo aduciendo que ya prescribió para ellos. O sea que efectivamente yo no cometí el supuesto delito de hacer una pretendida adjudicación ilegal, sino que se me acusa de que no lo denuncié. Y los que ejecutaron ese supuesto ilícito y por el cual fueron Reparados por la Corte de Cuentas, hoy son exonerados por la misma Fiscalía.

2. No voy a cuestionar las razones y los argumentos que se plantearon mis predecesores para dar la adjudicación, sin embargo es obligatorio aclarar, que estas están plasmadas en el Informe de la Corte de Cuentas aducido, y que en su momento ellos debieron o tuvieron que tener los argumentos para dar esa aprobación.

3. En su oportunidad la Corte de Cuentas emitió un Informe de Auditoría en el cual determinó que esa administración había cometido un error en adjudicar a favor de los empleados cierto número de lotes y que por tal razón ellos fueron objeto de reparos, habiéndoles señalado RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL y se les conminó a hacer la devolución del valor de los lotes que es aproximadamente $45,000.00.

4. Cuando la Corte de Cuentas emitió el Informe Definitivo de Auditoria en el que se les notificaba la obligación de reintegrar el valor de los lotes, a través de mi persona se les notificó a todos los miembros de esa Junta Directiva dicha disposición. A pesar de que existe la Responsabilidad Administrativa, la Responsabilidad Patrimonial y la Responsabilidad Penal según la Ley de La Corte de Cuentas, los peritos y auditores determinaron RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, no penal.

5. En este sentido la autoridad competente (Corte de Cuentas), se había pronunciado sobre el hecho y según entiendo algunos miembros de esa Junta Directiva todavía a esta fecha han presentado amparos para manifestar su opinión de que no deben pagar.

6. Hasta donde tengo conocimiento, en ningún momento la Corte de Cuentas resolvió una RESPONSABILIDAD PENAL para ellos u obligaba a presentar la denuncia a la Fiscalía General por parte de la Institución. En primer lugar la Corte de Cuentas misma está facultada para hacerlo por sus propios medios y en segundo lugar lo que se pretendía era el reintegro del dinero. Por lo tanto, no existe ninguna razón para aducir Incumplimiento de Deberes de mi parte, si los señalados se encontraban vencidos en el Juicio de Cuentas que los obligaba a pagar esos $45,000.00

7. En algún momento se estableció la naturaleza del objeto cuestionado. Y no queriendo entrar en las razones de ese hecho, vale ampliar las circunstancias expresando que hasta donde yo puedo deducir habían argumentos que le daban robustez a la Junta Directiva del ISTA para hacerlo. Por ejemplo: algunos lotes asignados correspondieron a terrenos que no pertenecían a la Reforma Agraria, por lo tanto podían disponerse a criterio y venderse a cualquier persona y no obligatoriamente a un beneficiario de la Reforma Agraria o campesino, y según se entiende fue un gesto de esa Junta para hacerlo como una prestación laboral. Otros terrenos se adujo que eran propiedad de las Cooperativas y no del ISTA y hubieron acuerdos en los que aquellas las cedieron estos terrenos para que se las dieran a los empleados, por lo que no se afectó ese patrimonio institucional.

8. En todo caso, según la Corte de Cuentas el valor REPARADO se calculó en aproximadamente en $87.50 dólares por cada empleado beneficiado.

9. Si hoy se critica hasta la saciedad las componendas que las Autoridades Gubernamentales hacen con los Sindicatos y Organizaciones de Empleados, en donde se entregan jugosos incrementos salariales, emolumentos que superan individualmente miles de dólares por persona, vacaciones y tiempos compensatorios, sobresueldos, bonificaciones, cuotas escolares, seguro medico, y tantas prebendas que incluso las mismas autoridades se auto-recetan; es cuestionable la doble y hasta triple moral que se quiere esgrimir para presentar esta acusación en mi contra. Yo hasta este momento no he visto a ningún funcionario actual ser procesado por ACTOS ARBITRARIOS o INCUMPLIMIENTO DE DEBERES al repartir a diestra y siniestra prebendas inmerecidas.

10. Y no es el hecho del pírrico monto individual que otros le dieron a los empleados lo que estoy tratando de explicar ($87.50); es el hecho que la Autoridad Competente (Corte de Cuentas) había resuelto con anterioridad el tipo de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

11. Si el criterio de la Fiscalía General es que se ha cometido el delito de Incumplimiento de Deberes, yo les pregunto ¿Donde están siendo acusados o denunciados los ya cientos de técnicos, peritos, auditores, notificadores y resolutores de la Corte de Cuentas que desde 1997 hasta el día que terminé mis funciones en el año 2007 y hasta la fecha de la denuncia de la Albanes en 2009 que conocieron de este caso? El Artículo 321 del Código Penal sobre el INCUMPLIMIENTO DE DEBERES dice claramente: “El funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función,.......” El Artículo no hace diferencias o exclusividades de Presidentes, señala A CUALQUIER EMPLEADO DE CUALQUIER NIVEL.

12. Y si acaso se aduce que el informe que presentó la Corte de Cuentas haciendo el señalamiento ya apuntado es la prueba misma. ¿Cómo se valora que el Reparo de la Corte de Cuentas es PATRIMONIAL y no PENAL?

Con respecto al segundo caso puedo expresar:

1. Se dice que yo cometí un ACTO ARBITRARIO al favorecer a empleados de confianza como motoristas, seguridad y ordenanza. Se pretende dimensionar hasta el hecho de que pertenecían a un “círculo íntimo” que se benefició de mi actuación. Por esta razón se ha presentado el requerimiento por ACTOS ARBITRARIOS.

2. Básicamente la denuncia se centra en el hecho de que estas personas por ser empleadas se vieron favorecidas por mi persona de manera ilegal para poder adquirir un Lote Agrícola y/o un Lote de Vivienda.

3. Quiero recordar que en su momento, en uno de estos casos, el entonces diputado Fernando González del CDU hizo esta denuncia ante los medios y la Asamblea Legislativa en el año de 2003, habiéndosele dado las explicaciones jurídicas pertinentes, las cuales de seguro se deberían de encontrar en los archivos de la Institución. A menos que la misma Albanes (no me consta) los haya sustraído u ocultado, por lo que pudiera ser señalada como autora material o intelectual de los delitos de INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE REGISTROS O DOCUMENTOS PÚBLICOS y del mismo INCUMPLIMIENTO DE DEBERES con el propósito ya imaginado de perjudicar a los hoy acusados.

4. De manera premeditada, o por ignorancia, o por falta de interés verdadero de resolver esta denuncia, se ha obviado por parte de la Fiscalía General de La República, el hecho de que estas personas SON DESMOVILIZADAS DE LA FUERZA ARMADA, por lo tanto tienen derecho PREFERENTE para ser beneficiadas por los diferentes programas del ISTA.

5. Y esto no lo digo yo ni me lo estoy inventando. Los Acuerdos de Paz suscritos entre el Gobierno y el FMLN en enero de 1992 fueron claros al acordar mutuamente, no sólo en dichos Acuerdos, sino en todas las Adendas que se suscribieron posteriormente, que los excombatientes del FMLN y los Desmovilizados de las Fuerza Armada tendrían PREFERENCIA en la adjudicación de tierra de los DIFERENTES PROGRAMAS de asignación. Textualmente el Acuerdo dice:

CAPITULO V. TEMA ECONOMICO Y SOCIAL:
2. PROBLEMA AGRARIO

B. Sobre las tierras que son propiedad del Estado y que no son actualmente reservas forestales: (Inciso 2):
Dentro de los diferentes programas de transferencia de tierras que desarrolle el Gobierno de El Salvador con las tierras agrícolas propiedad del Estado, se dará preferencia a los excombatientes de ambas partes que voluntariamente lo soliciten, que sean de extracción campesina con vocación agrícola y que no posean tierras a ningún título. El tamaño de las parcelas será determinado de acuerdo con la disponibilidad arriba mencionada y al número de beneficiarios que califiquen conforme a lo estipulado en este literal.

E. Pagos de las tierras:
La transferencia de las tierras señaladas en los literales anteriores se hará a precio de mercado y en las mismas condiciones de crédito otorgadas a los beneficiarios del sector reformado.”

6. De acuerdo a la Ley de creación del ISTA, es la Junta Directiva la que aprueba las asignaciones y adjudicaciones de tierras. Existe un procedimiento hasta engorroso para hacer llegar cualquier caso hasta la Junta Directiva, para lo cual se sigue un expediente que va siendo documentado. El Presidente, en su calidad de representante legal sólo es el que firma las escrituras o delega para hacerlo. Hoy se quiere aparentar que yo tenía facultades omnipotentes para hacer estas adjudicaciones. Y hasta se quiere de soslayo decir que fueron gratuitas también.

7. Las personas a quienes se aduce maliciosamente que yo beneficie “arbitrariamente” demostraron en su oportunidad que ostentaban la calidad de DESMOVILIZADOS DE LA FUERZA ARMADA. Lo cual aún a esta fecha, se puede pedir certificación en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Hasta donde tengo conocimiento se presentaron las constancias de haber estado de Alta durante el conflicto, que fue el período que se estableció como apto para calificar al beneficio. Existen instancias como el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, además de los Archivos de la Oficina Coordinadora del Tema Agrario, los Informes de la Comisión Presidencial para la Verificación de los Acuerdos de Paz, en donde existe abundante documentación que demuestra que los Desmovilizados de la Fuerza Armada tenían el derecho a solicitar tierras.

8. En el caso específico, se documentó debidamente en los archivos de ISTA la condición de desmovilizados, la cantidad de tierra adjudicada (la cual no superaba los límites de tenencia de la tierra de la Reforma Agraria) y el valor del inmueble asignado y escriturado a su favor.

9. Si lo que se pretende esgrimir es que por su condición de empleados no tenían derecho, en ninguna parte de los Acuerdos de Paz se estableció prohibición para el que accediera a este beneficio, y siempre se apoyó la voluntariedad de solicitarlo, su vocación campesina y su disposición a pagar.

10. En este sentido, la Fiscalía General debería de haber analizado a profundidad los requisitos y las calificaciones de los beneficiados y se hubieran dado cuenta de su condición familiar, de su lugar de residencia y de sus antecedentes de extracción campesina.

11. Es importante hacer ver que si el argumento es que eran empleados, nunca se hubieran adjudicado tierras a excombatientes del FMLN que ni siquiera tenían vocación agrícola, y que se desempeñaban como empleados de Alcaldías, Instituciones de Gobierno y hasta con cargos de Diputados, pero que todos eran “excombatientes de ambas partes”.

12. En toda mi trayectoria como empleado relacionado con el Tema Agrario, jamás me encontré con Desmovilizados de la Fuerza Armada, que aplicaron a este beneficio, que no fueran de extracción campesina y que no hubieran trabajado la tierra con anterioridad a su incorporación a filas, independientemente de su condición laboral en el momento de aplicar o hacer la solicitud. Pero sí vi a la gran mayoría de los actuales diputados y funcionarios del FMLN, en su condición de las más diversas profesiones (desde “profesores” a “técnicos medioambientales”, “promotores sociales”, “filósofos”, “bachilleres” “estudiantes de derecho” y tantos oficios más) pero todos gozando de su calidad de “Excombatientes de ambas partes” hacer cola para recibir estos beneficios y algunos ni siquiera pagaron la tierra recibida, gracias a la magnanimidad de los Gobiernos de ARENA que les condonaron la deuda, o mejor dicho gracias a algunos diputados que se condonaron su propia deuda y las de los demás.

13. Ahí están los archivos y los reportes del ISTA, Banco de Tierras, e incluso de la ONUSAL, CEA-COPAZ, OCTA y del mismo FMLN en donde se demuestra que según la acusación lanzada en mi contra, fueran otros al más alto nivel los que deberían de responder por ACTOS ARBITRARIOS, al haber favorecido holgadamente a supuestos excombatientes del FMLN que nunca trabajaron la tierra, que ya eran o se convirtieron rápidamente en flamantes empresarios y prósperos hacendados y agricultores, en muchos casos a expensas de sus mismos subalternos y verdaderos excombatientes, que hoy deambulan en las zonas beneficiadas, más pobres y con menos esperanza. Un personaje que yo conozco perfectamente y que sabrá lo que yo digo, pasó de ser el “enchancletado” como le decían sus compas, a oscuro pero acomodado diputado agricultor “levantamano” del FMLN.

14. Y expresó esto con toda la libertad y honestidad posible porque de alguna manera también se cometieron injusticias y arbitrariedades, AL FAVORECER DESPROPORCIONALMENTE a pseudoexcombatientes del FMLN y se dejó por fuera con pleno conocimiento, a miles y miles de soldados, cabos, sargentos, miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, de la Policía de Hacienda, Expatrulleros, Defensas Civiles, Escoltas Militares y otras personas y hombres de uniforme que en su momento aportaron su cuota de sacrificio y que paulatinamente fueron siendo olvidados sin ninguna posibilidad de entregarles aunque sea una parcela o un lote para vivir dignamente.

15. Siempre consideré y lo seguiré considerando que se ha cometido una injusticia histórica con los Desmovilizados de la Fuerza Armada y demás personas ubicadas de ese lado del conflicto, y por eso había que hacer algo para remediar, aunque con poco y a los que se pudiese, otorgándoles un derecho que se había ganado muchas veces con sangre. A los del FMLN les procuré cumplir siempre y en todo lo que solicitaron en este tema de las tierras, y yo en lo personal siempre encontré colaboración y comprensión, ante la indiferencia de los superiores por honrar estos Acuerdos.

16. Ahí están los últimos beneficiados de mi gestión y que hoy están recibiendo sus escrituras gracias a Dios, y me refiero a los Lisiados de Guerra de la Fuerza Armada, quizá los más olvidados de esta tragedia, al igual que los Lisiados y Familiares de excombatientes del FMLN pero con la grande y sustancial diferencia de que estos hoy gozan de beneficios económicos por una Orden Presidencial y a aquellos nunca se les tomó en cuenta.

17. Yo me pregunto, ¿me van a juzgar por eso, porque eran Desmovilizados de la Fuerza Armada? La historia de los Acuerdos de Paz está llena de muchas injusticias y olvidos (debido a presiones y conveniencias políticas) con los pobres soldados y demás miembros de los cuerpos militares que se desempeñaron a lo largo de la guerra; las marchas y refriegas de ADEFAES y la toma de la Asamblea por parte de los Expatrulleros son una pequeña muestra. Y si dos o tres o más de estas personas podían ser beneficiadas con este derecho acordado, hubiera cometido efectivamente un Incumplimiento de Deberes o un Acto Arbitrario al no atender su solicitud.

18. No soy abogado pero entiendo algo de leyes y definitivamente no le encuentro pies ni cabeza a esta acusación, por favorecer a personas que en su momento se encontraban en calidad de empleados, pero que tenían una calidad superior de Desmovilizado de la Fuerza Armada, que tenían vocación agrícola, que sus orígenes eran de extracción campesina y que pagaron la tierra adjudicada (NO FUE REGALADA como a otros).

19. Basados en la acusación y dado que estas personas se encuentran ya fuera de la Institución, algunas retiradas del ISTA y otras despedidas arbitrariamente por la Albanes habrá que preguntarle a los acusadores ¿Pueden hoy sí gozar de los beneficios estipulados en los Acuerdos de Paz? ¿O por haber sido empleados en algún momento ya los perdieron y no pudieran solicitarlos? Tienen la palabra.

Hoy se habla en los corrillos del ISTA de que la Albanes se dedicó a adjudicar solares a reconocidos cercanos políticos, se habla de que algunos Gerentes del ISTA favorecieron a parientes cercanos y relacionados políticos que no califican. Yo le propongo a la Fiscalía General que haga también una investigación, pues en su momento voy a presentar mi denuncia a ver si se procede de la misma manera.

A pocos días de cumplir 4 años de haberme retirado del servicio público y estando en cercanía un aniversario más del nuevo Cambio, resulta conveniente, provechoso y “rajablemente” político, demostrar que por lo menos se hace el intento ante propios y extraños de devengar su tiempo y un salario tratando de desviar la vista del vulgo, de la podredumbre y la miseria moral que día a día se agiganta inmisericordemente en este país, aceptando presiones y genuflexiones por pura conveniencia temporal.

Dos años han pasado desde la denuncia de la Albanes y jamás se me dio la oportunidad de poder presentar los hechos que considerase favorables a mí causa. Y a pesar de que se aducen amistades poderosas, como queriendo aminorar mi verdad y mi calidad, jamás solicité a nadie para procurar una oportunidad de hacer valer mis derechos de manera incorrecta, creyendo siempre que iba a existir racionalidad, sabiduría y sentido de justica. Estando hoy en el cadalso público ya juzgado y sentenciado, no me queda más que defenderme hasta las últimas consecuencias.

Miguel Tomás López Iraheta DUI 00595947-4