ANATOMIA DE UN FRAUDE. POR RODRIGO AGUILAR.

ANATOMIA DE UN FRAUDE. POR RODRIGO AGUILAR.

A lo largo de la Historia, el patrimonio del pueblo Salvadoreño, ha sido objeto de, saqueos y malversaciones por parte de, personas que, abusando de sus cargos despojaron a la Nación mediante, la privatización de bienes públicos.

Entre los métodos utilizados se encuentra, la venta de activos, tal y como ocurrió con, los Bancos, la Cementera, los Ingenios, las Distribuidoras de Energía Eléctrica, las Administradoras del Fondo de Pensiones, ANTEL y otras empresas estatales que, fueron entregadas a inversionistas nacionales y extranjeros, reduciendo la capacidad económica del Estado Salvadoreño, afectando  de esa manera todos sus habitantes.

Otra forma de apropiación ilícita de bienes públicos son, las operaciones que, se realizaron mediante acciones encubiertas, consistentes en actos o contratos que simulaban legalidad pero que, en el fondo tenían como propósito principal la privatización de bienes públicos mediante el Fraude de Ley.

Un ejemplo de este tipo de actos fraudulentos son, los acuerdos ejecutados entre los años 2000 y 2002, por los funcionarios encargados de manejar CEL (COMISION EJECUTIVA DEL RIO LEMPA), quienes realizaron, una aplicación errónea del artículo 119 de la ley General de Electricidad que, establece la reestructuración de ese organismo para que, el mantenimiento del sistema de transmisión y operación del sistema de potencia fuera realizado por entidades independientes.

Esta disposición, fue interpretada por esos funcionarios como, una autorización para enajenar, vender y entregar los activos de CEL tales como, bienes inmuebles, maquinarias y equipos a Sociedades Anónimas particulares, valiéndose de un ardid que, omitió la autorización por parte de la Asamblea Legislativa, tal y como lo ordena la Constitución.

Para llevar a cabo la reestructuración de CEL, fueron creadas varias sociedades mercantiles, como GESAL S.A. DE C.V., que ahora gira bajo la denominación de LAGEO S.A. DE C.V;  esta sociedad fue constituida en 1998 por CEL y CLESA, después de su creación  le fueron transferidos activos que, pertenecían a CEL, burlando nuestra Constitución en, lo que respecta al régimen de la Hacienda Pública.

Posteriormente, se realiza una privatización encubierta de esta sociedad pues, bajo la simulación de buscar un socio estratégico se permite a la empresa Italiana ENEL GREEN POWER, convertirse en accionista de GESAL S.A. DE C.V. ahora LAGEO S.A. DE C.V., pero se le otorga,  el privilegio de adueñarse de, la mayoría de las acciones quedando a raíz de esta operación, reducida la participación del Estado Salvadoreño a un accionista insignificante.

La forma de cometer este fraude, fue mediante un aumento de capital, al cual, CEL renunció y solo ENEL GREEN POWER pagó el 25% del valor de ese aumento de capital; pero el dinero que, recibió LAGEO, fue restituido de forma casi inmediata al mismo socio estratégico ya que, sirvió para pagarle al los servicios de consultoría, asistencia y estudios.

El 75% restante del capital, también fue pagado mediante servicios de consultoría, asistencia y estudios, significando entonces que ENEL GREEN POWER, nunca realizó aporte alguno como socio estratégico, y en consecuencia los funcionarios que en ese entonces dirigían CEL, le entregaron todo a cambio de nada.

Esta situación, culminó en un conflicto entre el gobierno Salvadoreño y el socio estratégico, porque este reclama una mayor participación accionaria, algo que pone en riesgo nuestra soberanía, porque nuestro país enfrentó una demanda ante un tribunal arbitral internacional, donde el Estado Salvadoreño resultó condenado a pagar 500 millones de dólares.

Desafortunadamente, esta sanción, es producto de, un acto viciado permitido por, funcionarios Malinchistas que, entregaron el patrimonio nacional porque,  y producto de sus actos existe, una condena que será pagada con nuestros impuestos;  lo lamentablemente es que, esta sanción contra nuestro país está basada en acuerdos que, adolecen de nulidad absoluta, revestidos de aparente legalidad, apoyados, aprobados y consentidos por, la Administración del Presidente Francisco Flores.

Frente a esta realidad, todos los salvadoreños y salvadoreñas, estamos en la obligación de rebelarnos, contra este tipo de fraudes, exigiendo que, las autoridades pertinentes declaren la nulidad de estos acuerdos y los responsables de estas acciones  respondan ante, la justicia salvadoreña, porque ellos son, sicarios económicos que, han dado muerte, a las empresas estatales que, generaban riqueza al país, y sus acciones contribuyeron, a generar pobreza y desempleo.