REPORTE: La impunidad al galope en El Salvador

REPORTE: La impunidad al galope en El Salvador

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En el municipio segundo de mayor criminalidad, San Salvador, se judicializaron solo 80 homicidios, cuando se cometieron más de 1.400

Por Gabriel García

SAN SALVADOR – El ex juez de instrucción, Samuel Lizama, expresó que durante el 2011 únicamente fueron judicializados 80 casos por homicidios en los diez juzgados activos de San Salvador. El Instituto de Medicina Legal (IML) informó que el año pasado en el departamento de San Salvado se cometió el 33 por ciento del total de homicidios registrados en el país.

“El año pasado realice un sondeo sobre el número de entrada de procesos penales de los diez juzgados en funciones en San Salvador. En 2011, en San Salvador que es el municipio donde hay más cantidad de homicidios, sólo ingresaron al sistema judicial, a los diez juzgados de instrucción, 80 casos por homicidio (…) Habrá que investigar también cuántos pasaron hasta la fase de juicio, y de los que pasaron cuantos terminaron en condena”, dijo el ahora juez de Paz de Zaragoza.

Pese a esta mínima cifra de imputados, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que durante el 2011 realizó 152 capturas diarias por distintos delitos, sumando un total de 52.827 detenidos. Las autoridades policiales anunciaron recientemente que en los primeros meses de este año el número de detenidos por algunos delitos sigue en aumento.

Según el IML, San Salvador fue en 2011 el segundo departamento más violento del país con una tasa de 83,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La lista es liderada por Sonsonate que tuvo 110,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El IML informó en el primer conteo de asesinatos durante el 2011 (que registró 4.374 asesinatos) que 1.445 homicidios habían sido cometidos en el departamento de San Salvador durante el año pasado. Los datos actualizados del IML indican que en el 2011 se cometieron 4.360 muertes violentas.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, dijo que El Salvador es el segundo país más violento del Triángulo Norte, con una tasa de entre 62 y 65 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Según los datos más recientes del "Estudio Mundial sobre Homicidios 2011” realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la tasa de homicidio de América Central es de 43 por 100.000. La ONU ya ha reconocido a la región centroamericana como la zona más violenta del mundo.

El estudio afirma que la lista de homicidios cometidos en Centroamérica es encabezada por Honduras, país que tiene una tasa de 82,1 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Balas, las más impunes

Un estudio del Centro de Criminología y Ciencias Policiales (CECIPROL) informó que en El Salvador los delitos con arma de fuego son en los que menos detenciones se registran. La PNC informó el año pasado que el 76,6 por ciento de los homicidios que reportó el país, fueron cometidos con arma de fuego.

Los datos recientemente presentados son parte del “Estudio del delito de lesiones” el cual ofrece una caracterización de la realidad delictiva registrada durante cuatro años (2007-2010) en El Salvador.

“Sólo en un 14 por ciento de los casos de lesiones con arma de fuego se reportan detenciones (…) En cuanto más letal es el instrumento del acto violento, mayor es el porcentaje de victimarios des-conocidos y en cuanto más letal es el arma, menor es la proporción de detenciones en flagrancia.”, describe el más reciente informe de CECIPROL.

Asimismo el centro de estudios avisa que los victimarios con armas de fuego son “proclives a operar durante las primeras horas del día (01:00-06:00) y durante la noche (19:00- 21:00), posiblemente influencie la capacidad del lesionado de reconocer a sus atacantes”.

La PNC estima que en El Salvador hay cerca de 130.000 armas ilegales. La corporación policial también comunicó que en el año pasado decomisaron 3.913 armas, en este rubro San Salvador es el departamento con la mayor cantidad de armas incautadas con un total de 1.558.

“Las pandillas no han necesitado recurrir al tráfico ilegal de armas de fuego en el entendido que en nuestro país circula una cantidad de armas tan grande, que ellos se ven abastecidos por medio del robo, hurto o extravío”, explica el Subdirector de Seguridad Pública de la PNC, Howard Cotto.

Recientemente el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) presentó exhortó a todos los gobiernos municipales a promover una veda total de armas. En El Salvador algunos departamentos del país ya se han adoptado este tipo de ordenanzas municipales.

Estudios estiman que en el mundo hay un arma por cada diez personas, y que anualmente se fabrican dos balas por persona.

El gasto militar mundial del 2010, liderado por América Latina y los Estados Unidos, alcanzó los 1.630 billones de dólares.

“La tranquilidad ciudadana es cara”

El jefe de la División de Policía Técnica (DPTC) de la PNC, Julio César Santana Vela, expresó que la “la tranquilidad ciudadana es cara”, por lo que las autoridades de seguridad están haciendo un gran esfuerzo por hacerse de las herramientas necesarias para combatir la criminalidad.

Los proyectos que se están financiando a las actuales autoridades de seguridad van desde la compra de instrumentos tecnológicos para facilitar la investigación, hasta la creación de un “subsistema de Ley” que rompa el sistema de garantías de derecho.

La Asamblea Legislativa aprobó en octubre pasado, adjudicarles 531,7 millones de dólares al ministerio de Justicia y Seguridad y al ministerio de la Defensa. Sobre el tema el ministerio Payés solicitó un fondo de 40 millones de dólares que se utilizarían para cubrir los gastos de 6,000 militares que participan en tareas de seguridad pública junto con la PNC.

Por su parte el Gabinete de la Defensa, anexo al Gabinete de Seguridad desde el 2009 ha aumentado regularmente el número de efectivos, de los cuales en 2011 rondaban las 8.200 unidades destacas en labores de seguridad.

Asimismo al ministerio público le fueron otorgados 61,7 millones de dólares para el 2012, los cuales se distribuyeron en 33.5 millones de dólares para la Fiscalía General de la República (FGR), 19.6 millones de dólares para la Procuraduría General (PGR) y 8.6 millones de dólares de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Los proyectos del ministerio público presentan así un déficit de 4 millones de dólares.

La CECIPROL anuncia que las cancillerías centroamericanas están buscando “financiamiento para sus planes de seguridad, ante países amigos y organismos internacionales”, para solventar este tipo de dificultades.