LOS PERDONES DE MAURICIO FUNES- Nota de Contapunto

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El debate debe abrirse terreno; se tratará de una lucha social


SAN SALVADOR – El presidente Mauricio Funes ha reconocido y pedido perdón, en nombre del Estado de El Salvador, por las atrocidades cometidas durante la guerra civil por agentes estatales y que dañaron profundamente a todo la Nación, incluso, a quienes apoyaron esos crímenes.

Para comenzar, no hay persona honesta, humanitaria y democrática que puede sentirse cómoda con políticos que idolatran a criminales que asesinaron un Arzobispo, que cometieron masacres como la de “El Mozote” y que cometieron la más grande matanza de sacerdotes jesuitas en la historia, hasta este momento.

Ese reconocimiento de la crueldad y ese perdón no hubiese sido posible si en El Salvador no hubiese habido un cambio de gobierno y de filosofía política.

Nunca antes durante los 20 años de gobiernos de ARENA se hizo ni el menor intento. El ex presidente Antonio Saca y su ex canciller no pidieron perdón público en marzo de 2006 en Chalatenango a la familia Serrano Cruz por el desaparecimiento de las niñas y hermanitas Erlinda y Ernestina, a manos del ejército en 1982. Tenían que haberlo hecho porque así lo dictaba una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Por lo tanto, los desagravios estatales e incluso, el reconocimiento de la existencia de la impunidad, es un paso de avance, en ocasiones poco valorado por algunos sectores críticos al gobierno.

Pero bien, esos perdones son necesarios, pero no son suficientes. Se necesita ahondar más en el tema para vencer la impunidad, situación que les corresponde también a las víctimas, a los defensores de Derechos Humanos y a las organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué posición juegan el Fiscal General, los tribunales de justicia y la Asamblea Legislativa? Se debe tener una posición al servicio de la justicia y la verdad. Se sabe que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sentenciado la invalidez de la Amnistía General de 1993 para graves actos de violaciones a los derechos humanos, pero Fiscal y Tribunales no han acatado y las víctimas siguen sin justicia. Los diputados no hacen lo suyo para adecuar las leyes y abolir la mancha que constituye la amnistía.

Eso por un lado, pero por otro, si la Amnistía General de 1993 no es más que un “fantasma” simbólico indigno y nefasto, ¿por qué entonces no abolirla y construir en consenso una nueva ley de reconciliación y reconstrucción moral, que sea ejemplarizante para un nuevo país?

El debate debe abrirse terreno; se tratará de una lucha social. Son muchas las entidades que piden con justeza la abolición de la Amnistía, no sólo en El Salvador, sino en todos los foros internacionales.

La impunidad y la ley de Amnistía son una vergüenza nacional. No quedará de otra que abolirlas.