A 21 años del asesinato de los jesuitas en El Salvador el pueblo continúa exigiendo castigo
17 de nov. 2010.-A 21 años del asesinato en San Salvador de los sacerdotes jesuitas hispano-salvadoreños la justicia de ese país continúa obstaculizada para culminar la investigación sobre el escalofriante caso que aún genera gran indignación entre los salvadoreños y la comunidad internacional.
Los que hoy son reconocidos como mártires de la lucha por la justicia social en Centroamérica, en las difíciles décadas de los 70 y 80, aún esperan por la reivindicación de sus causas por parte de la justicia universal.
El hecho ocurrió el 16 de noviembre de 1989, dos días después que el alto mando militar había ordenado realizar un cateo a la universidad Centroamericana en búsqueda de 200 guerrilleros del FMLN y no habían encontrado ninguna evidencia ni rastro de haber estado allí una fuerza subversiva.
Fue entonces que, sin saber qué hacer con la guerra, expone el analista Romero Pineda, “el Cnel. René Ponce, el Gral. Juan Bustillo, el Cnel. Juan Zepeda, el Cnel. Inocente Montano y el Cnel. Francisco Helena darían la orden a una unidad del batallón Atlacatl de “dar muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos” con la supuesta venia del ex presidente Alfredo Cristiani, Comandante General de la Fuerza Armada, según publicó el periódico español El Mundo Hoy, dos días después de la vigilia, este crimen- o “estupidez” -sigue impune”, publicó el diarioCoLatino.com.
El batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño fue considerado un Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) del ejercito Salvadoreño dentro de la concepción de la tenebrosa Escuela de las Américas del ejercito estadounidenese, residenciada en Panamá.
El batallón fue entrenado en Carolina del Norte por las Fuerzas Especiales de EEUU y por el Segundo Batallón, 505ª de Infantería de la 82ª División Aerotransportada, la misma que años después invadió Granada y puso fin a la Revolución de Maurice Bishop.
Según las declaraciones de prensa aparecidas en el sitio de Trojan Horse, el batallón Atlacatl ejecutó algunas de las masacres de la guerra, incluyendo la del Mozote en diciembre de 1981 y el homicidio de estos jesuitas en noviembre de 1989.
En ambas, estuvo involucrado el exdirector de la Agencia de Seguridad de El Salvador, Mayor Roberto d”Aubuisson, sobre quien recayó la imputación principal del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero fijada en el Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador (1992-1993).
A D”Aubuisson se le vinculó siempre a la jefatura de los Escuadrones de la Muerte y en el caso del Monseñor la comisión de la Verdad concluyó en que existía plena evidencia de que el ex-mayor había dado la orden de asesinar al arzobispo e instrucciones a su entorno de seguridad de organizar y supervisar el asesinato.
Sólo con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992 que pusieron fin a los doce años de guerra civil en El Salvador es que se disolvió el batallón asesino Atlacatl.
Aunque ha transcurrido un largo tiempo, la justicia salvadoreña sigue paso a paso, ante numerosos obstáculos, el caso tipificado como delito de lesa humanidad.
Es así como hacen seguimiento a 14 militares y al ex presidente de esta nación, Alfredo Cristiani, denunciado por encubrir el crimen.
La justicia internacional, por su parte, evade la apertura del caso de lesa humanidad, aun cuando en la masacre están involucradas personas de nacionalidades distintas a la salvadoreña.
En este sentido, la abogada española Almudena Bernabéu pidió desde el pasado año ante la Audiencia Española, justicia universal contra los asesinos de los seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, muertos bajo la presidencia de Cristiani.
El entonces presidente contó con el apoyo, reconocido públicamente, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), de la embajada de Estados Unidos y de diplomáticos que representaban a oligarquías latinoamericanas, entre ellos, el venezolano Leopoldo Castillo, apodado luego “el mata curas”, precisamente por tener vínculos directos con los militares salvadoreños que asesinaron a los sacerdotes.
La repuesta a esta petición de Bernabéu dada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 20 de mayo pasado, indica que es “improcedente”, según reseña el portal cujucuyo.wordpress.com.
“La Corte Suprema de Justicia parece desconocer que desde hace más de 50 años, ningún Estado se puede esconder detrás de su soberanía para violar la ley internacional”, dijo la abogada Almudena Bernabéu, querellante, al conocer el fallo en el Caso Jesuitas, en la Audiencia Nacional de España.
Bernabéu, actuando a nombre del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, siglas en inglés) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, interpuso la querella en Madrid, admitida por el polémico Juez Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional de España, que está conociendo la causa como de “lesa humanidad”.
La comisión de rogatoria del Juez Velasco a la Corte Suprema de Justicia solicitaba las declaraciones de 14 militares salvadoreños implicados en la masacre de los Jesuitas de la UCA. Por lo que la Corte Suprema de Justicia salvadoreña optó por informarse de los procesos que se siguieron contra los imputados en el país, antes de responder.
“Nos esperábamos algo así, dado el tiempo que han tardado en contestar. Esta decisión solo confirma el hecho de que la autoridad judicial Suprema de El Salvador se esconde tras su legislación nacional”, acotó.
Bernabéu consideró que esta decisión de la Corte reitera una vez más, ante la Comunidad Internacional, que El Salvador se desentiende de la responsabilidad que como Estado democrático debe asumir. “Cada uno de sus integrantes está omitiendo y eludiendo sus obligaciones importantísimas como Estado. Desconocen el derecho internacional, los derechos humanos y su membrecía en la comunidad internacional”.
Deploró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negara la rogatoria del Juez Velasco por el razonamiento de que existe una Ley de Amnistía y que los plazos de juzgamiento de los posibles autores intelectuales ya prescribieron (caducaron).
“La Corte Suprema de Justicia, lamentablemente, hace alarde de desconocimiento de sus obligaciones, cuando alguno de sus miembros manifiesta que cumplir con este pedido vulnera la soberanía nacional de El Salvador”, agregó.
Sólo en 2010, la justicia española ha solicitado la apertura de juicios y emprendido acciones legales extraterritoriales en casos en los que apenas se presumen delitos de terrorismo o lesa humanidad, y en los cuales no necesariamente hay españoles involucrados.
La solicitud ante la Audiencia Española de Justicia Universal contra los asesinos de los seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradores produjo gran consternación en las salvadoreñas, los salvadoreños y la comunidad internacional y provocó que, desde 1989, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, iniciara una poderosa ofensiva contra la dictadura militarista de Cristiani, que realizaba sistemáticas acciones represivas contra los poblados y movimientos sociales, por lo que la organización había conquistado el apoyo popular, que ya había comenzado a crecer a partir del asesinato de Monseñor Arnulfo Romero, en marzo de 1980, quien se volcó a proteger a los pobres y se enfrentó a los militares represivos.
Según el sacerdote de la Iglesia de la Resurrección del Señor, de la parroquia Caricuao, Caracas, Pablo Urquiaga la clases económicamente poderosas, en los años 1970-1980, se apoderaban de El Salvador y pretendían también tener control de la iglesia, es por ello que nombran como arzobispo a Óscar Arnulfo Romero quien tenía prestigio y se comunicaba con las autoridades.
Los poderosos buscaban que la iglesia bendijera el sometimiento de tantos campesinos que eran explotados y oprimidos por parte de esta oligarquía y jerarquía eclesiástica, que en vez de trabajar por los intereses de los pobres trabajaba por los intereses de los gobernantes, sostiene en religioso.
A Romero lo nombran arzobispo de El Salvador, no porque era revolucionario, sino por ser conservador, pero una vez en el arzobispado él empezó a ver las injusticias, especialmente, luego de la muerte de su más cercano amigo, el sacerdote Rutilio Granda, su monaguillo y un campesino, quienes fueron asesinados vilmente el 12 de marzo de 1977, cuando se dirigían a una aldea en los alrededores de El Salvador y fueron interceptados por unas personas en un vehículo que los ametralló, indicó.
Para Urquiaga este hecho abrió la mente y logró la conversión de monseñor Romero, un obispo que en principio estuvo orientado al servicio de la oligarquía y la burguesía, pero que luego cambió su visión al ver el derramamiento de la sangre de un mártir, la del sacerdote Rutilio, hecho que “lo llevó a atender el llamado de los pobres y a seguir el testimonio de Jesucristo”, lo que lo convirtió posteriormente en víctima, el 24 de marzo de 1980, destacó Urquiaga.
Luego de estos asesinatos, en la iglesia salvadoreña se presentó una persecución implacable, una vez que fue asesinado el Obispo.
Debido a la muerte de Romero, lo sucede en el cargo el Monseñor Arturo Rivera y Damas, quien también se colocó, junto al movimiento de jesuitas residentes en El Salvador, del lado de los pobres.
Precisamente, estos seis jesuitas fueron protagonistas claves de ese apoyo a Rivera y Damas, el “obispo subversivo”, según fue calificado por los sectores militaristas, cuando actuó como mediador entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que ya había recibido el reconocimiento de beligerancia de México y Francia mediante el famoso Comunicado Franco-Méxicano sobre la guerra de liberación en El Salvador.
Uno de esos mártires jesuitas fue el propio Rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Ignacio Ellacuría, quien directamente apoyaba a Rivera y Damas en las mediaciones de paz.
Junto a él se encontraban posibles testigos y ellos también cayeron asesinados: el sacerdote Ignacio Martín-Baró, el Director del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), Segundo Montes, los profesores Joaquín López, Juan Ramón Moreno y Amado López, y las colaboradoras Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos.
Desde el primer año de la toma del poder, el presidente salvadoreño Mauricio Funes, apoyado por el FMLN, prometió a la población hacer todo el esfuerzo posible porque los crímenes sean investigados hasta que se pueda sentenciar a los asesinos de los sacerdotes jesuitas quienes sólo predicaron a favor de los desposeídos y oprimidos.
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