LEY DE PROTECCION A LOS MIGRANTES ¿QUIEN SE OPONE? POR GODOFREDO ECHEVERIA

Tomado de Contrapunto
Godofredo Echeverría (*)


SAN SALVADOR-Desde julio de 2008 se encuentra en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la protección de los migrantes en cualquier parte donde se encuentren fuera del país y sus familiares que se encuentran en El Salvador, sin embargo, poco se ha avanzado en la discusión y aprobación de dicha ley.

¿En qué consiste dicha ley? En la exposición de motivos se poner de manifiesto la gran magnitud que reviste el fenómeno migratoria en El Salvador, si bien las fuentes de datos para el recuento de los que emigran no permite contar con cifras precisas, tampoco en Estados Unidos se puede tener datos exactos debido a que la mayoría de los inmigrantes no cuentan con permisos de residencia –nadie es ilegal en este mundo- por lo que debe evitarse utilizar expresiones ofensivas a la dignidad de las personas.

Se espera que los registros que llevan los consulados, así como las Encuestas de Hogar en El Salvador y el censo de los EU permitan en el futuro precisar mejor los datos sobre la cantidad de inmigrantes salvadoreños residiendo en Estados Unidos. El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos en base al US Census establece que en el 2004 habían 1,201,002 salvadoreños viviendo en Estados Unidos. , sin embargo, en el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005 del PNUD, se agregan 189,000 con status irregular, lo que eleva la cifra a 1 millón 272 mil en 2002. Los datos presentados por el Ministerio de RREE son poco confiables para el año 2000, porque no registran la fuente.

Apartando el problema de la confiabilidad de los datos que se utilizan para medir la emigración, las cifras más confiables hablan de que alrededor de un 20% de la población del 2002, estaría residiendo fuera de El Salvador, hay que mencionar que estos porcentajes se basan en un cálculo de la población de 6.5 millones de habitantes, cifra que bajo drásticamente de acuerdo al censo de población del 2007. Mientras no se logren establecer fuentes de datos confiables seguiremos adivinando.

Sin embargo, los datos sobre las deportaciones tanto desde México como de los Estados Unidos dan cifras verdaderamente alarmantes, pues a mediados de 2010 se habían duplicado con relación al 2009, según datos de la Dirección General de Migración. Las demandas de protección para esa gran cantidad de personas atravesando territorio mexicano, que en la actualidad, dado el alto número de denuncias documentadas por la Comisión de Derechos Humanos de México demuestran que tanto las autoridades como grupos delincuenciales constituyen una amenaza para quienes viajen a través de su territorio.

La protección del Estado salvadoreño debe extenderse a cualquier parte donde se encuentre un salvadoreño, una salvadoreña, para ello la ley propone la creación de un organismo que vele por la protección de los migrantes y de sus familias ¿tiene algo de malo proponérselo?

Para responder esta pregunta tendríamos que preguntarnos ¿quiénes son los migrantes? Y ¿en manos de quién han estado las políticas de atención a las necesidades de los migrantes?

Los migrantes de origen salvadoreño que se encuentran dispersos por el mundo, sobre todo en EEUU, mayoritariamente salieron de los sectores empobrecidos por la pérdida de sus tierras indígenas y comunales desde finales del siglo XIX. A ellos se agregaron los salvadoreños y salvadoreñas que fueron violentamente expulsados de Honduras en 1969, posteriormente, el contingente de migrantes aumentó debido a las amenazas a la vida por parte de los cuerpos de seguridad y el ejército durante los gobiernos militares desde 1931, pero sobre todo, desde los años 70s. Posteriormente a la firma de los Acuerdos de Paz, el número de emigrados se disparó a partir de la destrucción de la estructura productiva para convertir a El Salvador en una economía financiera y de servicios, aumentó el desempleo, subió el costo de l vida y la situación se agravó el 1 de enero del 2001 con la entrada en vigencia de la Ley de paridad monetaria que implantó el dólar como la moneda nacional.

La transformación de la sociedad salvadoreña de una estructura productiva agroindustrial inició su transformación en estructura financiera y de servicios de la mano del presidente de la república Félix Cristiani, quien privatizó el comercio exterior, privatizó el sistema financiero después de sanearlo a costa de los recursos del Estado y se convirtió en uno de los principales accionistas del Banco Cuscatlán. El proceso de privatización de los recursos estatales y de desmantelamiento de la estructura productiva lanzó a enormes cantidades de trabajadores al desempleo sin contar con seguridad social ni pensión contra el desempleo, además de que otros bienes del Estado fueron pasando a manos privadas. Esta política continuó durante los 4 gobiernos entre el 1989 y el 2009, quienes se beneficiaron por las enormes cantidades de dólares frescos que enviaban nuestros compatriotas hombres y mujeres.

Los más beneficiados por el modelo de exportación de mano de obra barata, calificada o no, son los países receptores, Estados Unidos en primer lugar por obtener trabajadores que se conforman con poco, no exigen respeto a sus derechos laborales por que se encuentran bajo persecución. Pagan impuestos por todos los bienes y servicios que consumen, que en muchos casos llegan a igualar la cifra de remesas enviadas. Favorecen a los negocios de los países receptores tanto de envío de remesas, como de comunicaciones (telefonía, internet). Muchos de los negocios que utilizan los migrantes en USA, los utilizan sus familiares en El Salvador con las remesas enviadas.

Muchos de estos negocios se verían afectados con la legalización de los migrantes o con una mayor protección por parte del Estado salvadoreño, así como en la búsqueda de servicios y productos que les permitan ahorrar. Tal es el caso del negocio de la violencia a costa de los migrantes, negocio floreciente que deja muchos millones de dólares en ganancia a las empresas transnacionales de la violencia, que no son solamente las maras, éstas están vinculadas a funcionarios de estados, a redes de tráfico de personas y coyotaje a una industria de la violencia que aprovecha el abandono en que se encuentran los migrantes.

Con una revisión rápida de los datos anteriores basta para entender quienes están interesados en que los migrantes no obtengan apoyo institucional por parte de instituciones de gobierno o autónomas. En vista de que al estudiar el fenómeno de la migración y de los migrantes queda claro el sufrimiento de millones de personas que deben abandonar lo que constituye su identidad, sus relaciones primarias, familiares y comunitarias, no nos queda duda que una ley como la apuntada busca favorecer a los migrantes, a los y las humildes que se desgarran para atravesar un mar de injusticias, de las que muchas veces son víctimas para llegar a lugares donde esperan salir de las enormes dificultades que cargan sobre sus espaldas, las propias y las de su familia, hijos, padres, hermanos.

No tiene justificación que una ley que puede proporcionar muchos beneficios a varios millones de salvadoreñas y salvadoreños, no sea aprobada lo más pronto. Queda claro a quienes conviene obstaculizarla: a los partidos de derecha, conservadores y acostumbrados a vender hasta la última gota de sudor de nuestros compatriotas.

(*) Colaborador de ContraPunto
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