El Salvador con un territorio de menos de veinte un mil kilómetros cuadrados está dividido en quince departamentos. La población de catorce de esos departamentos tiene el derecho al voto y a elegir a sus representantes a la unicameral asamblea legislativa. Los ciudadanos del quinceavo departamento, Romero, no tienen el derecho al voto, ni a elegir representantes.
El gobierno salvadoreño ha demostrado una continuidad política consistente en cuanto a esta población. Mientras que se dan programas de desarrollo que consisten fundamentalmente en actividades diplomáticas para que las colonias del departamento permanezcan en situs, la mayoría en los EEUU, la política fundamental con respecto a esta población es la de mantener el nivel de llegada de divisas al interior de la republica y de esa forma mantener la economía nacional en ruina.
Estas divisas, conocidas comúnmente como remesas, consisten en la mayor proporción de recursos económicos de la nación, y son ahora el blanco de un organizado esfuerzo para imponer una responsabilidad fiscal sobre esta colonia que carece de precedente y que no es proporcional a los servicios y derechos ciudadanos que tiene este grupo comparado con otros grupos sociales.
Con respecto a los fondos provenientes de los EEUU, estos son fiscalizados de dos formas antes de entrar al país, primero por los impuestos directos de quienes las producen a sus respectivos gobiernos municipales, estatales y federales; y segundo, los gastos institucionalizados de instrumentos de banca asociados con poderosos sectores económicos en ES. Finalmente, si el esfuerzo del actual gobierno de coalición salvadoreño se pone en efecto, a esto habrá que agregar un nuevo impuesto para hacer posible el financiamiento y establecimiento de la nueva jerarquía política salvadoreña en el poder.
Miembros del llamado Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional, un anacronistico grupo guerrillero tornado partido político, han utilizado una parte substancial del fisco nacional para situarse económicamente en paridad con el partido político neo fascista al que reemplazaron, la llamada Alianza Republicana Nacionalista. Este último, y su gemelo llamado GANA. Estas dos últimas no parecen ejercer mayor fuerza política en contra del esfuerzo del Frente por institucionalizarse, a cambio de impedir el proceso criminal en contra de actos criminales cometidos por ARENA en los veinte años que permaneció en el poder de forma absoluta.
Mientras tanto, la criminalidad, la corrupción a todo nivel estatal, la falta de alternativas políticas reales al proceso, mantienen el nivel de zozobra civil en el país, que parece encaminado al restablecimiento de un gobierno con participación militar. Las llamadas "Rentas" el equivalente criminal al impuesto propuesto por el Frente, mantiene empantanada la economía nacional, y no permite la formación de nuevo capital o fuentes de trabajo.
Mientras nada se hace efectivamente para ponerle paro a la delincuencia, el gobierno del Frente ha iniciado el uso de fuerzas militares en operativos eufemísticamente llamados "cívico militares", que dejan claro el deseo de mantener el sistema civil como algo ineficiente, y la carta militar como el mecanismo de defensa de último recurso.
El efecto de estas acciones es la de mantener a la población del quinceavo departamento, Romero, despojada de todo poder efectivo en el proceso político salvadoreño. Romeros representan la única base de un movimiento cívico reformista que desmantele los aparatos de corrupción cimentados por la alianza ARENA-PCN-Frente.
El proceso de despojo continua, y a la población se le niega el derecho al voto y a ser ciudadanos de una patria que los considera y trata mas como una colonia que como parte de la nación.
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