La ola antiinmigrante no cesa en Estados Unidos, lejos de disminuir esta va creciendo. Esto se refleja de manera clara en la campaña pre-electoral estadounidense con miras a noviembre de 2012, cuando se decidirá la reelección o el fin del mandato del cuadragésimo cuarto y actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
En el lado de los demócratas, la presión ha hecho cambiar las ofertas electorales de aquel entones candidato Obama, quien prometió una reforma migratoria para humanizar las condiciones de 11 millones de indocumentados. Recientemente en una actividad con miras a cautivar el ahora titubeante voto hispano, el cual ha estado ligado históricamente a favor de ese partido, Obama afirmó sin ambages que "solo podemos reforzar las leyes y dejar de perseguir a estudiantes indocumentados y personas sin antecedentes criminales", dejando por fuera la posibilidad de una reforma migratoria.
Durante su primer período a pesar de sostener un discurso pro reforma migratoria, las acciones materializadas por el gobierno de Obama reflejan una cifra récord de deportados, un promedio de 350,000 al año. Haciendo justicia al presidente, hay que mencionar que su gobierno ha presentado valiosos esfuerzos para detener la aplicación de la ley SB 1070 de Arizona la cual es la referente a nivel nacional de las iniciativas antiinmigrantes.
En el lado de los Republicanos el tema de inmigración ha sido tocado por los 8 precandidatos únicamente para mostrar una intención de endurecer el combate en contra de los indocumentados. El Gobernador de Texas, Rick Perry, hasta hoy favorito en las encuestas ha sido criticado por sus oponentes porque respaldó en su estado una ley que da derecho a los hijos de inmigrantes indocumentados a aspirar a matrículas en la universidad estatal, hecho entre otros que lo ha hecho descender varios puntos en las mediciones de opinión.
En el congreso federal fue aprobado la iniciativa HR 2885 conocida bajo el nombre de “Fuerza de trabajo legal” patrocinada por el congresista republicano de Texas Lamar Smith, la cual vuelve obligatoria a nivel nacional el uso del E Verify.
También el gobierno federal anunció a los 50 gobernadores que el plan “comunidades seguras”, cuyo principal elemento es dar funciones de migración a los departamentos de policía locales, ya no necesita de un memorándum de entendimiento entre las autoridades estatales y el Servicio de Inmigración y Aduanas (conocido como ICE por sus siglas en Inglés).
Recientemente el Gobernador de Alabama Robert Bentley anunció la puesta en marcha de su propia versión de verificación de documentos denominándola Alverify la cual consiste en unir el sistema de bases de datos de agencias federales y estatales con el Departamento de Vehículos y Motores. Ahora las autoridades podrán usar los números de las licencias de conducir para verificar el estado migratorio de los individuos. Estando pendiente la decisión de un juez para decidir el futuro de la polémica ley antiinmigrante, a nivel estatal conocida como HB 56.
Los gobiernos latinoamericanos deberán redoblar esfuerzos para defender de abusos a sus nacionales dentro de Estados Unidos, atendiendo la situación desde un punto de vista jurídico y comunitario.
En este punto llama la atención la errática política del ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, ya que mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos (Fiscalía General) después de una investigación de dos años cuestiona seriamente a la policía del condado de Suffolk, Nueva York, recomendándole una acción más enérgica para proteger a los latinos y brindarles mejores tratos, por su parte ¿el gobierno salvadoreño entrega sendos reconocimientos a este departamento por su labor?.
Debido a la gran concentración de salvadoreños en esta área, este país es el único que tiene un consulado en Long Island, por lo que sus acciones políticas se revisten de una mayor dimensión en la lucha en favor de los derechos de los inmigrantes.
El momento político para otorgar reconocimientos a instituciones bajo la responsabilidad de emblemáticos antiinmigrantes como Steve Levy, Ejecutivo del Condado de Suffolk, es el peor. Si los gobiernos extranjeros no van a proteger a sus nacionales a través de sus consulados que al menos no los afecten.
http://www.gurupolitico.com/2011/09/quien-se-apiada-de-los-indocumentados.html
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