Ahí les queda algo que encontré en el sitio Blog El Trompudo.
Quizá el punto es un poco extremo (mano armada?), pero comparto el punto del autor que ese mal es un asalto (aunque no a mano armada).
Por cierto, alguien sabe si ya los funcionarios del "Gobierno de Cambio" declararon su patrimonio? Ya pasaron más de 2 años y tomando en cuenta que una razón fuerte por la que se saco a ARENA del gobierno fue la corrupción, esperaría que ya este gobierno esté haciendo las cosas bien.
Saludos, Jorge M.
http://pijazo.blogspot.com/2011/09/la-corrupcion-en-el-salvador-una.html
La corrupción En El Salvador: una Especie de Asalto a Mano Armada
Al iniciar este escrito tengo que preparar mis nervios por el tamaño de lo perverso sobre lo cual escribo, por el cinismo empleado por los corruptos, por la demagogia gastada, por la condición histórica y por esa especie de asalto a mano armada: la maldita corrupción.
Se eriza el cuerpo, tiembla de enojo la conciencia, se espanta el alma y el miedo se cambia por valentía. El pueblo jamás se ha enterado oficialmente que la cosa pública, la riqueza de todos, sistemáticamente viene siendo asaltada por viejos y modernos saqueadores, imitadores del oeste antiguo. Es "una ópera violenta sobre la codicia", que como los cazadores de recompensa, papel que realiza Clint Eastwood y Lee Van Cleef en la película "Por unos Dólares Más", se unen todos hacia la caza de la misma presa, en este caso, el Estado.
El pueblo jamás se ha enterado, repito, que en El Salvador, a pesar de tener una LEY SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS, la corrupción es perenne.
Por allí encontré algo que nos puede servir para mejor interpretar la corrupción en la mayoría de los líderes partidarios. ESto explica "que la Corrupción Política es el abuso del poder mediante la función pública para beneficio personal"
¡Esto cae como anillo al dedo, señores!
Veamos un poco lo que dice la ley para que podamos comprender con mayor sabiduría la problemática.
Decreto 2833 de fecha 18/5 del 59. Reformas. Reformas 1 de Diciembre de 1992, bajo la Presidencia de José María Lemus, 1959.
Art. 1.- La presente ley se aplica a los funcionarios y empleados públicos que en el texto de la misma se indican, ya sea que desempeñen sus cargos dentro o fuera del territorio de la República.
Deben declarar su patrimonio
Art. 3.- Dentro de los sesenta días siguientes a que tomen posesión de sus cargos, los funcionarios y empleados públicos que esta Ley determina, deberán rendir por escrito declaración jurada del estado de su patrimonio, ante la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sección de Probidad. También deberán declarar el estado de su patrimonio, en la forma indicada, dentro de los sesenta días siguientes a partir de la fecha en que cesen en el ejercicio de sus respectivos cargos.
Cuando el funcionario o empleado público radique o ejerza funciones en el interior de la República, podrá presentar su declaración ante el Juzgado de Primera Instancia con jurisdicción en materia Civil en el lugar donde radique o ejerza y en caso de existir más de uno de estos Tribunales en el que se designe con el número primero.
Dicho Tribunal deberá remitirla a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de tres días a partir de la fecha en que la haya recibido.
Art. 5.- Están obligados a presentar declaración jurada del estado de su patrimonio, en la forma que indica el artículo tres de esta Ley, los siguientes funcionarios y empleados públicos:
1o.- Los Presidentes de los tres Órganos del Estado;
2o.- El Vice-Presidente de la República, cuando no desempeñe otro cargo que le obligue a presentar declaración conforme a esta Ley;
3o.- Los Diputados a la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, propietario y suplentes;
4o.- Los Ministros y Viceministros de Estado;
5o.- Los Secretarios de la Presidencia de la República;
6o.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, propietarios y suplentes;
7o.- Los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura;
8o.- Los Jefes de las Misiones Diplomáticas, los Funcionarios de las mismas y los Cónsules de la República, excepto los Ad-Honores;
9o.- El Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República;
10o.- El Fiscal General de la República y Fiscales Adjuntos;
11o.- El Procurador General de la República y Procuradores Adjuntos;
12o.- El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Procuradores Adjuntos;
13o.- El Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, propietarios y suplentes.
14o.- Los Directores y Subdirectores Generales;
15o.- Delegados y sub.-delegados;
16o.- Los Presidentes, Directores y Gerentes de las Instituciones Oficiales Autónomas;
17o.- El Rector y Vice-rector de la Universidad de El Salvador, y Decanos de las distintas Facultades de ésta.
Sin temor a equivocarme, y porque me asalta la gana de decirlo, le grito al mundo que ninguno de los funcionarios del Gobierno de El Salvador cumple con estas normas, y si lo hace constituye un melodrama circense, ya que todos "son cortados con la misma tijera" y se cubren los pillajes. Que todos, repito, irrespetan la ley, y que todos contribuyen a tener esta sociedad podrida y asquerosa.
En realidad habrá que temblar en forma valiente cuando se enoja la conciencia y decirle al mundo entero que para la corrupción existen los medios para envenenarla, pero no existe- la voluntad para aplicar ese veneno. Y no se aplica porque la mayoría de funcionarios o empleados públicos yacen o están en ese hediondo pantano.
Al numerar las acciones de tanto bandido corrupto, no quedaría espacio para escribir otra cosa también necesaria, pero así lo dejamos. Las últimas acciones vandálicas las hicieron los ex-magistrados de la Corte de Cuentas, apoyados por los partidos políticos, quienes inventando decretos de perjuro, de bonificaciones exageradas, convierten a la Asamblea Legislativa en su hacienda medieval, forjadora de delincuentes.
Plazas fantasmas de funcionarios, compra de exquisitos alimentos dignos de Césares para los diputados(as), negociación política fraudulenta entre los partidos, viajes onerosos para funcionarios, malabares con el presupuesto, robos enormes de dinero. En fin, bandas legalizadas dedicadas al pillaje.
Es una paradoja pensar que un delincuente va a combatir a otro delincuente. No, claro que no, la delincuencia la incrementan los delincuentes y por esa razón no se detiene la barbarie en nuestro país.
Por Joaquín Rafael Ramírez
Colaboración.
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