Diputados obtuvieron tierras destinadas a campesinos pobres
Un exvicepresidente de la República está entre al menos tres diputados que son dueños de tierras compradas por el Estado para destinarlas a campesinos pobres. Transacciones trianguladas, terrenos vendidos a menos de la mitad del precio a que habían sido adquiridos y funcionarios de elección popular beneficiados perfilan una arista poco conocida del proceso de la reforma agraria que inició en 1980.
Efren Lemus y Sergio Arauz
elfaro.net
Cuando Felino García fue beneficiado por la reforma agraria, recién había cumplido los 85 años de edad. Vivía en un cantón de casas desperdigadas conocido como Llano Los Patos, en La Unión. Era un campesino sin dinero y sin tierras y encajaba en el perfil de personas a quienes el Estado debía beneficiar para cumplir dos propósitos: redistribuir riqueza y buscar la justicia social. El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) había pasado dos décadas entregando a campesinos desposeídos trozos de los desmembrados latifundios y el 27 de febrero de 2002 llegó el turno de Felino: aunque el ISTA entregaba un lote agrícola y un solar para vivienda a cada campesino, a Felino le entregó no uno ni dos ni tres lotes, sino 23, ubicados a la orilla del mar. 16 meses más tarde, uno de esos terrenos ya estaba en manos de un diputado.
El Faro encontró que además de este diputado del Partido de Conciliación Nacional, otros dos legisladores -uno del FMLN y otro exvicepresidente de la República y ahora legislador pecenista- terminaron como propietarios de tierras en teoría reservadas para personas con escasos recursos, aunque con la diferencia de que estos dos últimos las recibieron directamente del ISTA, y no gracias a intermediarios. Las tres transacciones se hicieron entre 1994 y 2003.
En el caso del anciano Felino García, la autorización de la venta de los 23 lotes la hizo la junta directiva del ISTA dirigida por Miguel Tomás López Iraheta. En los otros dos casos, los beneficiarios obtuvieron lotes en asentamientos comunitarios, proyectos que según la ley del ISTA deben estar dirigidos a campesinos sin tierra, arrendatarios, jefes de familias, colonos o asalariados agrícolas que tengan una “reconocida aptitud para la agricultura”.
En teoría, las personas que aspiran a ser beneficiadas con los proyectos de asentamientos comunitarios deben presentar una constancia de carencia de bienes y documentos personales. Los técnicos de las oficinas regionales del ISTA determinan si cumplen con los requisitos y la jefatura crea una boleta que envía al departamento de asignación individual, en las oficinas centrales, en San Salvador, donde los documentos son revisados nuevamente. Entonces, ¿por qué un vicepresidente de la República y dos diputados reciben beneficios de la reforma agraria? ¿Qué es lo que falló en un sistema liderado por una institución que ya tiene a uno de sus expresidentes bajo arresto por presunta corrupción y por negarse a enmendar una ilegalidad en el reparto de tierras?
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http://www.elfaro.net/es/201108/noticias/5380/
En una cita bibliográfica, Violeta Bonilla (1926-1999) expresa sobre el significado de la figura: “Quise representar un hombre sin ataduras, sus manos sueltas expresan la libertad intangible, y los cuatro picos del fondo representan otras cuatro naciones centroamericanas”
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