Por Luis Montes Brito
Sin éxito intentó justificar el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) de El Salvador, Fernando Battle Portillo el hecho por el cual el gobierno de esa nación (GOES) ha dejado indefinidamente indocumentados a los salvadoreños en el exterior.
La explicación del funcionario dejó más dudas que respuestas y solo refleja que los salvadoreños en el exterior no gozan del mismo nivel de importancia para su gobierno que los que viven dentro del país, ya que el oficial admitió que la decisión estuvo basada por un criterio de rentabilidad en el costo de la emisión del Documento Único de Identidad (DUI), sin considerarse por parte de las autoridades el gran aporte que los salvadoreños en el exterior efectúan al Producto Interno Bruto, el cual se registra en alrededor de la quinta parte del total de lo producido por la economía de ese país centroamericano.
A pesar de enviar casi 4,000 millones de dólares anuales en concepto de ayuda familiar la diáspora salvadoreña no recibe mayores servicios de su gobierno y desde hace varios años ha estado recibiendo en 3 oficinas ubicadas en Los Ángeles, California; Woodbridge, Virginia y Long Island, Nueva York el servicio de la emisión del DUI el cual es el documento obligatorio para todos los nacionales de ese país mayores de 18 años, identificación oficial misma que es requisito indispensable para poder ejercer el derecho al voto.
La molestia de los salvadoreños residentes en el exterior (los cuales se estiman en alrededor de 3 millones) consiste en el trato diferenciado con los ciudadanos que viven en el país, ya que de igual manera se pudo haber previsto no suspender el servicio como lo han hecho con los 6 millones que habitan la nación mesoamericana.
El presidente Mauricio Funes a través del responsable del RNPN se ha comprometido en reiniciar en el exterior el servicio de emisión del DUI en una fecha a más tardar del próximo 28 de Julio, sin embargo la diáspora salvadoreña ve con gran duda la seriedad de esta nueva promesa debido al incumplimiento de otras como la mejora en la prestación de los servicios consulares.
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