NOTAS DESDE EL PULGARCITO- LAS PERDIDAS DE CONFIANZA DEL BACHI-FUNES

Las “pérdidas de confianza” de Funes

Una docena de funcionarios han sido destituidos por el presidente por esa difusa razón

Por Fernando de Dios

SAN SALVADOR – Fabio Castillo es el último funcionario damnificado por un fenómeno devastador para la conservación de un puesto en el gobierno de El Salvador: la pérdida de confianza por parte del presidente Mauricio Funes.
La frase se ha convertido casi en una coletilla en boca del mandatario, que la usa cada vez que el preguntan la razón de la destitución de algún funcionario.
Sin embargo, en el caso de Fabio Castillo aun no ha sido pronunciada, pues no ha habido explicación oficial para su despido.
El ex coordinador del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) recibió el martes una carta en la que se le notificaba que, por órdenes de Presidencia de la República, quedaba sin efecto su nombramiento en la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la que formaba parte desde 1996.
Las fuertes críticas que el veterano político profirió hacia Funes por su sanción expréss al decreto 743 en una entrevista televisiva fueron causa para su destitución, aunque tal cosa no ha sido confirmada por los les oficiales.
En su entrevista, Castillo utilizó un símil que ha calado en la población y es continuamente utilizado en las redes sociales de Internet. Afirmó que durante el viaje que hará próximamente a Jerusalén aprovechará para ir al Muro de las Lamentaciones y lamentarse del error que cometió al apoyar a Funes en las elecciones de 2009.
Muchas personas le piden que también lleve en su maleta sus lamentos y arrepentimientos por haber votado al presidente en esas elecciones.
También criticó duramente el viaje de Funes y su familia a Florida en un jet privado prestado por un empresario.
Ante la noticia de su destitución, Fabio Castillo hizo público un comunicado este miércoles en el que señala que durante las administraciones de Francisco Flores y Antonio Saca criticó fuertemente a esos gobernantes y no fue separado de esa comisión.
También dice que agradece que el presidente le haya destituido, “porque con eso me han evitado tener que renunciar por la única razón válida que tengo: haber perdido, yo, la confianza en el señor presidente”.
Así que en este caso se podría decir que Castillo le paga a Funes con su misma moneda.

Las primeras “pérdidas de confianza”

Fabio Castillo se une así a la lista de funcionarios que desde que es presidente ha destituido Funes, la mayoría nombrados por él mismo, por haber perdido la confianza en ellos.

Tras sus seis primeros meses de gobierno, a inicios de enero de 2010, el presidente destituyó a cuatro funcionarios; Francisco Gómez, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA); Tomás Campos, titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget); Carla Albanés, presidenta del Instituto Nacional de Transformación Agraria (ISTA); y Juan Pablo Durán, presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Una semana después de su destitución, el presidente declaró que los funcionarios habían perdido su confianza y habían faltado a la lealtad, sin dar más explicaciones.

“Los consideré idóneos para el desempeño de sus funciones, pero en el transcurso de estos meses faltaron a la idoneidad y faltaron a la confianza y a la lealtad al presidente de la República”, dijo Funes en aquella ocasión.

En el caso del director de ANDA, se supo que hubo diferencias entre él y el presidente por los cambios en el pliego tarifario, aunque también que Francisco Gómez había mostrado su preocupación por proyectos como FIHIDRO, iniciado en la anterior administración y claramente beneficioso para empresas constructoras en contra de intereses de habitantes de colonias modestas de la Cordillera del Bálsamo.

Por su parte, Tomás Campos dijo no saber las razones de la decisión del presidente. "No conozco qué pude haber hecho mal", dijo entonces el ex presidente de la Siget y añadió que "alguien me va a tener que explicar qué motivación hay detrás de esto".

ContraPunto publicó en julio de 2009 el documento “Análisis sobre la Suspensión Temporal del Proyecto Hidrológico El Chaparral”, elaborado por la Siget y en el que se señalaban anomalías en el otorgamiento de la concesión, falta de transparencia en la licitación y contratación de la empresa, deficiencias en el Estudio de Factibilidad y déficit en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto El Chaparral.

Campos no era partidario de la construcción de esa represa, defendida por Funes y por el presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Nicolás Salume, hijo del principal financista de la campaña del presidente y hoy segundo designado presidencial.

Además, se conoce que el entonces superintendente tenía en su agenda impulsar una nueva legislación para las telecomunicaciones, algo que no se puede decir que estuviera ni esté en la agenda de Funes.

El ex presidente de la LNB, Juan Pablo Durán, supuestamente renunció a su puesto por acusaciones de empleadas de la institución por acoso sexual, casos que no han sido aclarados.

No obstante, Durán apuntó en declaraciones a la prensa que su pugna por la secretaría general de Cambio Democrático (CD) con el ministro de Economía, Héctor Dada Hirezi, podría haber tenido algo que ver.

Finalmente, la ex presidenta del ISTA, Carla Albanés, cometió un error que Funes no le perdonó al convocar a una entrega de tierras mientras el presidente estaba fuera del país.

La ofensa para la imagen del mandatario fue completada con un comunicado de prensa que anunciaba que quien hacía la entrega era “el gobierno del vicepresidente Salvador Sánchez-Cerén”.

Cuenca y Sevilla no son solo ciudades

Poco después de la remoción de esos cuatro funcionarios, el virus de la falta de confianza fue contraído por la hasta primeros de febrero de 2010 secretaria de Cultura, Breni Cuenca.

Su destitución cayó como un jarro de agua fría en el mundo de la cultura del país, que se manifestó ampliamente contra la decisión del presidente.

Cuenca, que había iniciado una serie de programas para fortalecer y apoyar la maltrecha producción cultural del país, había sido propuesta para el cargo por la propia comunidad de creadores de las distintas artes, aunque Funes se pensó más de lo esperado su nombramiento.

A los pocos meses de dirigir la Secretaría de Cultura, Breni Cuenca fue removida porque, según el presidente, no había conseguido resultados en su gestión y porque no estaba en sintonía con el espíritu del gobierno del cambio.

Breni Cuenca apuntó que la causa de su destitución fue su negativa a cumplir la orden presidencial de destituir al entonces director de artes, Óscar Soles.

También se dijo que la Secretaría de Inclusión Social (SIS), dirigida por la Primera Dama, Vanda Pignato, quería tener más capacidad para influir en las políticas de la Secretaría de Cultura.

El mismo Soles y otros cinco directores de la Secretaría renunciaron a sus cargos en apoyo a la gestión de Cuenca y en protesta por su destitución.

En la sucesión de funcionarios defenestrados por Funes hay solo uno que decidió adelantarse a una posible destitución y salió del gobierno levantando una gran polvareda.

El ex ministro de Agricultura y Ganadería, Manuel Sevilla, renunció el 11 de mayo de 2010 denunciando fuertes presiones de la Presidencia de la República para hacer entrega de paquetes agrícolas a los partidos Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y Partido de Conciliación Nacional (PCN) a cambio de apoyos parlamentarios a iniciativas del gobierno.

Sevilla ofreció una rueda de prensa y publicó una carta en la que por primera vez un funcionario acusaba al gobierno de Funes de promover la corrupción.

“No puedo mantener públicamente un discurso de transparencia y en privado aceptar condicionamientos y negociaciones políticas que promueven corrupción, ineficiencia e inefectividad en el uso de los fondos públicos", escribió entonces el ex ministro.

Además, consideró que el gobierno adolecía de falta de liderazgo, sobre todo en el área económica, y que estaba muy centralizado, lo que restaba autoridad a los ministerios y propiciaba que la mayoría de recursos se derivaran hacia las instancias más próximas a la Presidencia.

Funes desmintió todas estas acusaciones, dijo que Sevilla había sido deshonesto, y adelantó que posiblemente el ministro se había adelantado a su destitución, pues según el presidente, había quejas sobre su gestión de numerosas asociaciones de campesinos y gremiales sectoriales asociadas a la actividad agropecuaria.

Otros dijeron que lo que realmente ocurría es que Sevilla estaba trabajando para de una vez por todas despolitizar el trabajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, algo que no fue aceptado ni por las gremiales empresariales, ni por los sindicatos que habían vivido de la politización, ni por los propios partidos políticos.

Julia Evelyn como cabeza de turco
Aunque no se consumó hasta finales de año, uno de los despidos más sonados de la administración de Funes fue el de la ex directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (Isdemu), Julia Evelyn Martínez.

Y es que en este caso se implicó nuevamente el papel de la Secretaría de Inclusión Social, o lo que es lo mismo, de la Primera Dama, Vanda Pignato.

En agosto, de forma inesperada, se hizo público que el Isdemu, a instancias de su presidenta, que es la Primera Dama, había propuesto la eliminación de las cachiporristas de los desfiles del 15 de septiembre, algo que el Ministerio de Educación había aceptado y comunicado a los centros de enseñanza de secundaria.

La ofensiva de los medios conservadores y de los políticos de derecha, plagada de expresiones machistas y descalificaciones ofensivas, hizo a Funes desacreditar públicamente la decisión a finales del mes, aunque la responsabilidad se centró en la figura de Julia Evelyn, por aquello de no criticar a la esposa del presidente.

Casualmente, en esos días Vanda Pignato desapareció de la escena pública y no se la vio junto a su marido durante semanas.

En esos mismos días, para empeorar las cosas, se conoció que la directora del Isdemu había firmado sin reservas el Consenso de Brasilia, que insta a los estados signatarios a revisar sus legislaciones si éstas prohíben el aborto en todos sus supuestos, incluso los terapéuticos o éticos, como ocurre en El Salvador.

La política de igualdad y apoyo a la mujer que Funes pregonó en su campaña se vio seriamente cuestionada por su actitud de cierre total a un debate sobre este asunto, a pesar de que el canciller, Hugo Martínez, en un foro organizado por la ONU, firmó un documento en el que el gobierno se comprometía precisamente a abrir ese debate.

En este caso, el ataque público de Funes a la funcionaria fue más furibundo y prácticamente vino a explicar que Martínez había tomado la decisión de firmar ese documento por su cuenta, sin consultar al gobierno y sin poderes para hacerlo.

Ella apeló al documento firmado por el canciller y a la convicción de que este gobierno decía en serio que apoyaba los derechos de las mujeres, aunque eso lo dijo después.

Mientras, sabiendo que su destitución era cuestión de tiempo, Martínez continuó al frente de la institución, siendo ratificada en su puesto el 9 de diciembre. Sin embargo, el 22 de diciembre fue convocada a Casa Presidencial y tras dos horas de espera en un pasillo le fue notificado su relevo.

La única respuesta que recibió a sus insistentes preguntas, fue una muy conocida: falta de confianza.

En opinión Julia Evelyn, aparte de todo lo anterior, se tomó la decisión de despedirla porque no apoyó una reforma al estatuto del Isdemu que rebaja el perfil de la Dirección Ejecutiva y la supedita más a su presidenta, es decir, a la Primera Dama.

Nuevo año, viejas costumbres
Mientras todo esto ocurría en el Isdemu, la prensa desvelaba que el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y secretario general de CD, Óscar Kattán, había ofrecido plazas en la Asamblea a cambio de apoyo a su reelección al frente de su partido.

Mientras el mandatario declaraba a la prensa que no se había demostrado nada y que evaluaría a Kattán por sus logros o fracasos al frente del ISSS, su destitución se daba por hecha.
Se confirmó a principios de este año y una vez más la razón declarada fue la pérdida de la confianza del presidente.
Durante 2011, a medida que se acercaba la fecha en que se cumplirían los dos años de gobierno de Funes, se acrecentaban las especulaciones sobre qué funcionarios serían removidos de sus cargos.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, el de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez, o la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Aída Luz Santos, eran los principales candidatos.

Finalmente, Aída Luz Santos salió del gobierno, no así esos dos ministros.

El presente de Aída Luz Santos es a día de hoy una incógnita, aunque lo que sí es seguro es que mostró públicamente su desacuerdo con la Ley de Proscripción de Pandillas impulsada por el presidente y firmada por él frente a las cámaras de televisión de todo el país tras tres días de paro del transporte por supuestas amenazas de las maras.
Quienes también fueron removidos de sus cargos el pasado 1 de junio fueron, sorpresivamente, la ministra de Trabajo, Victoria Marina de Avilés, y el viceministro de Vivienda, Edín Martínez.
En los tres casos, ni siquiera el presidente dijo su frase preferida, pues no ha habido hasta la fecha una sola explicación de sus motivos para estos cambios.

Eso sí, tanto de Avilés como Martínez han recibido muestras públicas de apoyo. En el caso de la ex ministra, fueron organizaciones de mujeres las que pidieron explicaciones al presidente y loaron la labor de la ex funcionaria como defensora de los derechos laborales, en especial los de las mujeres.

Distintas fuentes señalan presiones de la empresa privada y de ciertas organizaciones sindicales como claves para la remoción de la doctora de Avilés y su sustitución por el ex ministro de Gobernación Humberto Centeno.
En cuanto Martínez, este miércoles se manifestaban pobladores de la comunidad La Cruz, en Santa Tecla, que protestaban porque el ex viceministro iba por fin a impulsar un proyecto habitacional para ellos en una zona del Cafetalón que siempre han reivindicado y que es codiciada por empresas constructoras.

Edín Martínez fue sustituido por Roberto Góchez, que fungía como viceministro de Obras Públicas y cuyo puesto fue ocupado por el arquitecto, empresario constructor e integrante de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), Hugo Barrientos.

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