La Asociación Jueces para la Democracia, analizado el informe remitido a la Relatoría para los Derechos Humanos de NACIONES UNIDAS con relación a la situación institucional en El Salvador, en lo que afecta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, quiere poner de relieve las siguientes consideraciones:
La historia reciente de El Salvador constituye, por muchas razones, un motivo de esperanza de que es posible la superación de los graves conflictos con fórmulas democráticas y bajo la cláusula del estado constitucional.
La dramática experiencia de la guerra civil que asoló el país, las graves violaciones de derechos humanaos que se produjeron y la todavía intensa desigualdad social no impidieron, sin embargo, una transición política democrática y, sobre todo, un esfuerzo paradigmático de institucionalidad constitucional.
En este proceso -además de la victoria electoral del presidente Funes, rompiendo por primera vez la hegemonía de la derecha- adquirió la dimensión de verdadero hito la elección en 2009 por la Asamblea de los nuevos magistrados que todavía hoy conforman la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
Nadie cuestionó en el momento de la elección, ni nadie hoy puede cuestionarlo, la excelencia jurídica, el alto sentido de la independencia y el radical compromiso con los valores del Estado Constitucional que encarnan los magistrados elegidos, además, desde plurales posicionamientos ideológicos.
La praxis de la Sala lo ha demostrado. En los más de dos años de andadura se han dictado sentencias trascendentes que han hecho realidad la razón constitucional, no coincidente, en muchos casos, con la razón de los poderosos y de los que siempre han ostentado los privilegios sociales y económicos del país.
La actividad de la Sala Constitucional es apoyada y valorada por una buena parte de la sociedad salvadoreña que identifica en sus miembros los valores de independencia y ejemplaridad pública que debe exigirse a todo miembro del Poder Judicial.
Sin embargo, precisamente, el decidido compromiso con los valores y los principios de justicia, igualdad y libertad ha provocado una reacción virulenta de algunos sectores de la sociedad que han visto peligrar su ancestral posición aventajada. Reacción que se ha traducido en una no menos irreflexiva respuesta legislativa, con marcadas notas de irregularidad en el propio proceso de elaboración y promulgación de las normas, tendente a neutralizar a la Sala Constitucional.
Mecanismos que han venido, además, acompañados de sonados y continuos ejercicios de descalificación personal de los magistrados que componen la Sala provenientes de destacados políticos.
Consideramos que la situación generada es muy grave en lo que supone, primero, de ataque directo a la independencia judicial, con evidentes efectos desalentadores sobre toda la estructura del Poder Judicial, y, segundo, de quiebra del proceso ascendente de institucionalidad constitucional y democrática en un país muy necesitado de ella.
Por ello, mostramos nuestro más solidario apoyo a los colegas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que han ejercido su jurisdicción de forma ejemplar en un contexto socio-político donde la independencia judicial adquiere un valor muy especial. Al tiempo, les animamos a que sigan haciendo posible los valores constitucionales, demostrando la supremacía de la razón constitucional frente a los poderes oligárquicos que han marcado, desgraciadamente, durante tantos años la realidad de El Salvador.
El Secretariado de Jueces para la Democracia,
Madrid, a 6 de julio de 2011
En una cita bibliográfica, Violeta Bonilla (1926-1999) expresa sobre el significado de la figura: “Quise representar un hombre sin ataduras, sus manos sueltas expresan la libertad intangible, y los cuatro picos del fondo representan otras cuatro naciones centroamericanas”
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