EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION. POR RODRIGO AGUILAR.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION. POR RODRIGO AGUILAR.

Los Artículos 85 y 86 de la Constitución, establecen que el sistema de Gobierno Salvadoreño es Republicano, democrático y representativo, además que el poder público emana del pueblo; en consecuencia, todos los gobernantes son sus delegados; por esa razón, están obligados a garantizar a todos los habitantes de la República, el ejercicio pleno de sus  derechos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo o religión.

Los derechos fundamentales, son los que protegen bienes jurídicos de toda persona, de los cuales el Poder del Estado no puede disponer. Entre estos derechos se encuentra el acceso a la Información Pública, el cual goza de reconocimiento internacional, porque constituye una herramienta que puede ser utilizada por cualquier persona, para hacer valer sus derechos frente al Estado, además para promover la transparencia dentro de las instituciones públicas y  fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés nacional.

Quienes ocupan cargos dentro de la Administración Pública, están en el deber de reconocer su obligación de dar cuenta a la población de cómo manejan los fondos públicos, porque estos provienen de los aportes que realizamos los contribuyentes, lo que implica que la información que se encuentra en sus manos es propiedad de la ciudadanía y debe ser entregada conforme a la ley cuando cualquier persona la solicita.

Sin un funcionario, limita a la ciudadanía el goce de un derecho fundamental, quebranta el orden democrático y representativo que establece nuestra constitución; habilitando de esa manera a la población  a ejercer las acciones necesarias para hacer prevalecer sus derechos frente al acto que los restringe o vulnera.

Recientemente, el FMLN promovió unas reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública; las cuales fueron aprobadas juntamente con los partidos GANA y CN, generando con ello la reacción generalizada de todos los sectores de la población que alzaron su voz rechazando la medida, porque esta ponía en peligro el ejercicio de este derecho fundamental.

Los altos dirigentes de la cúpula del FMLN, reconocieron los costos políticos de esta desacertada decisión, y muestra de ello es que el Candidato Presidencial, se pronunció en contra de las reformas y solicitó al Presidente Funes que las vetara; esta petición fue respaldada por altos dirigentes del partido, como los diputados Roberto Lorenzana y Orestes Ortez.

El Presidente Funes vetó las reformas, y al momento de rechazarlas expresó lo siguiente: dichas reformas no son convenientes para los avances que se han logrado en cuando al derecho de acceso a la información pública y su entrada en vigencia significarían un enorme retroceso de lo logrado por este Gobierno en cuanto a la creación de mecanismos contundentes que permitan a la población vigilar la gestión y la transparencia.

Pero, el logro del veto es producto de la presión social, es un ejercicio democrático cuya victoria únicamente puede atribuirse al pueblo; por lo tanto, nadie debería pretender obtener ventaja política del error cometido por el FMLN, GANA y CN.

Los dirigentes de estos partidos políticos, como complemento a su cambio de opinión, deberían hacer las gestiones necesarias para que el Instituto de Acceso a la Información comience a funcionar  inmediatamente, superando todos los obstáculos que impiden que la Ley de Acceso a la Información Pública se ponga en práctica tal y como fue aprobada; para demostrar a la población que realmente se encuentran interesados en garantizar a la ciudadanía el goce de este derecho.

Por su parte el pueblo Salvadoreño, debe grabar en su memoria la frase de Kofi Annan, ex Secretario General de Naciones Unidas: “Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. . . Son lo mejor de nosotros. Denles vida.”

Esta frase, debe servirnos, para hacer valer nuestros derechos, que son los derechos de la colectividad,  frente a todo Gobernante y Autoridad; con el propósito de hacerles entender su rol de servidores públicos dentro de nuestra sociedad, pero sobre todo para que reconozcan que el poder público emana de pueblo, y no en corrientes ideológicas, partidos políticos o grupos con poder económico.