En esta crisis el gran peligro no son los comunistas, sino que prevalezca el régimen de Empresarios-Partido-Estado que siempre ha controlado las instituciones. El problema no es legal, sino político y contempla desde problemas como el peligro de la antipolítica, hasta el modelo económico cerrado que impide la competencia y generación de nuevos ricos en el país.
Escrito por Joaquín VillalobosMiércoles, 25 julio 2012 00:00
A raíz del conflicto entre los poderes del Estado se argumenta que los comunistas se apoderarán de las instituciones y establecerán un régimen como el de Venezuela, Bolivia o Ecuador. Se dice que esto ocurrirá porque existe un pacto entre el FMLN y GANA similar al que hicieron Alemán y Ortega en Nicaragua. Frente a eso, los viejos poderes piden que Estados Unidos intervenga. Pero, ¿es en realidad posible que eso pase ahora en El Salvador?
El supuesto riesgo del pacto “FMLN-GANA” está fundado en el nivel más primitivo del análisis político conocido como “teoría conspirativa”. Las premisas de este enfoque son: “Luis se reunió con Antonio y juntos han planeado tomar control del país para entregarlo a las fuerzas del mal”. Hay tres tipos de análisis, los más primarios ven personas; un nivel subsiguiente ve sucesos; y los más avanzados ven procesos.
Para películas, pasquines, chismes, o engañar gente son muy útiles las conspiraciones que describen los primeros. Sin embargo, las intenciones de las personas y los hechos están condicionados por la historia, la economía, la cultura, el desarrollo institucional, los liderazgos, la correlación social de fuerzas y muchos otros factores que determinan si algo es posible o no. Por ello lo que se conoce como “análisis político contextual” es lo que mejor permite entender fenómenos, ver procesos y hacer previsiones.
En Nicaragua una revolución derrocó a la dictadura y refundó todas las instituciones. Ejército, Policía, Justicia, Cultura y hasta la Iglesia están influidos o dominados por el pensamiento sandinista. Ortega estaba en total ventaja cuando pactó con Alemán.
En El Salvador, muy a pesar de las importantes reformas que dejaron los Acuerdos de Paz, la matriz institucional del país fue heredada de más de un siglo de hegemonía política, ideológica y cultural conservadora.
En Nicaragua Daniel Ortega posee miles de millones de dólares que recibe de Chávez, tantos que los banqueros se pelean por sus cuentas. El Sandinismo es tan o más poderoso económicamente que los ricos nicaragüenses. En El Salvador, por el contrario, la izquierda sigue siendo estructuralmente pobre frente a los grandes capitales. El apoyo de Chávez al Frente ha sido importante, pero limitado.
El corazón del pacto Alemán-Ortega fue una reforma constitucional que permite ganar elecciones presidenciales con una mayoría del 35% de los votos y esta reforma facilitó el retorno de Ortega al gobierno. El sistema electoral salvadoreño es de 50% más uno de los votos. El FMLN ha perdido tres elecciones presidenciales y solo pudo superar escasamente el 50% cuando se alió con un candidato que no pertenecía al partido, es decir, que nunca ha podido ganar una elección presidencial, acaba de perder elecciones legislativas y municipales y su tendencia electoral es decadente.
En los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador los “bolivarianos” tuvieron progresos movilizando reservas de electores indígenas y pobres que estaban políticamente excluidos; aprovechando las tendencias de antipolítica que destruyeron a los partidos y gracias a potentes líderes carismáticos. Lograron así victorias electorales demoledoras consecutivas. En El Salvador no existen reservas importantes de electores que movilizar, el FMLN no posee ningún líder carismático, la ideología de este partido es anticapitalista y antiimperialista y el electorado no solo es conservador, sino que los pobres están fuertemente ligados con la primera potencia capitalista del mundo.
Los nombramientos legislativos de los magistrados a la Corte los realizaron tres partidos conservadores y el FMLN, es decir, con este en minoría política. Nadie ha acusado a estos magistrados de extremistas. El actual gobierno no ha afectado la libertad de expresión, ni la propiedad privada; no ha propuesto reformas constitucionales, ni reelección, ni referendos; no ha realizado fraudes electorales, no ha violado los derechos humanos y no ha reprimido opositores. Por el contrario, ha convocado a los empresarios a participar en programas económicos, le quitó el gabinete de seguridad al FMLN y se lo entregó a ¡MILITARES!, mantuvo una actitud muy prudente en la crisis hondureña, no estableció relaciones con Irán, ha marcado distancia de Ortega, Chávez y Castro y mantiene una respetuosa relación con Estados Unidos, al punto que el presidente Obama visitó nuestro país. Que a algunos no les guste el gobierno no implica que esté en peligro la democracia.
Es imposible que los comunistas puedan construir las correlaciones políticas indispensables para hacer una “revolución bolivariana”; eso es una tontería extrema construida para asustar y justificar políticas de desestabilización. El actual conflicto entre los poderes es un problema de madurez política, no un problema de terrorismo, narcotráfico o ruptura democrática.
La guerra civil que abolió la esclavitud en Estados Unidos terminó en 1865; en 1964, un siglo después, se aprobó la ley que acabó con la discriminación racial y tomó todavía medio siglo más para que un ciudadano de origen afroamericano pudiera ser presidente.
La guerra civil en nuestro país terminó hace solo veinte años. Nuestro Estado de Derecho está todavía en proceso de acoplamiento con la madurez política de nuestra sociedad. Sorprende por ello que quienes siempre han mandado al diablo la Constitución, ahora hablen en tono rimbombante de legalidad. Nuestra democracia sigue en pañales, sería un grave error que por un conflicto de inmadurez política Estados Unidos cortara programas de cooperación, cancelara visas a políticos y se sumara a desestabilizar a un país pobre. Esto solo serviría para que emigren más salvadoreños.
En esta crisis el gran peligro no son los comunistas, sino que prevalezca el régimen de Empresarios-Partido-Estado que siempre ha controlado las instituciones.
El problema no es legal, sino político y contempla desde problemas como el peligro de la antipolítica, hasta el modelo económico cerrado que impide la competencia y generación de nuevos ricos en el país. Se quejan de la arrogancia de quienes por primera vez gobiernan, cuando el problema es la soberbia histórica de una casta que a lo largo de un siglo hizo del Estado su mejor negocio.
Interesante analisis. En lo unico que no estoy de acuerdo, ya que es un error de apreciacion del articulista, es que en El Salvador si existe aun una reserva importante de electores que movilizar, esa es los salvadorenos en el exterior. Quienes hoy por hoy todavia somos un gran grupo de electores excluidos. Mucho mayor porcentualmente que el numero que representaban los indigenas en los casos mencionados.
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