La corrupción no es un asunto privado
Por El Faro
Publicado el 12 de noviembre de 2012
La reciente salida de cuatro diputados de la fracción de ARENA, en medio de acusaciones de corrupción por parte de la dirigencia de su partido, es un capítulo más de la perversión de la política que ha encontrado en el primer órgano del Estado su mejor escenario para desarrollarse.
No solo se trata de la confirmación de la alianza entre el presidente Funes, GANA y el FMLN, aprobando un presupuesto con la prepotencia que prometieron cambiar durante las campañas que los llevaron a los cargos que hoy ostentan; sino, y sobre todo, del peligroso intento de parte del presidente y de esos partidos por alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el nombramiento de un fiscal adecuado a sus intereses y no los del país.
Pero hay algo más: el tratamiento dado a las acusaciones de que los diputados disidentes han sido "comprados" con cientos de miles de dólares, es, por parte de los liderazgos políticos, el de un asunto privado.
El presidente Funes se desmarcó en su programa sabatino de haber tenido alguna participación en la supuesta compra de diputados, pero, lejos de su responsabilidad como mandatario, se limitó a decir que no iba a "perder el tiempo" demandando a políticos "inmaduros", en lugar de exigir a fondo a la fiscalía una investigación sobre las denuncias de corrupción; como si la corrupción no fuera un atentado contra la ciudadanía entera.
ARENA, de igual manera, se da por ofendida y se cree con el derecho patrimonial de decidir cómo procesar la "ofensa", como si la corrupción fuera contra ellos y no contra todos los ciudadanos. Así llevan tres años anunciando que tienen pruebas de corrupción contra el ex presidente Saca pero que las tienen en una caja fuerte, como si fuera potestad propia decidir cuándo, y si acaso así lo quieren, abrir la caja fuerte. Como si fuera un asunto privado. Como si tener pruebas de corrupción y no presentarlas fuera un acto de derecho y no un delito.
Así, en la última parte de la plenaria del jueves pasado, diputados de ARENA y del FMLN extendieron las acusaciones a varias alcaldías gobernadas por ambos partidos, en las que surgieron a la luz irregularidades que tampoco, a la luz de lo visto, tendrán otro ámbito de tratamiento que no sea ese de los insultos y las acusaciones impunes en el Congreso. Porque los miembros de estos partidos creen que es cosa de uno con el otro y porque ni la Corte de Cuentas, ni la Fiscalía, ni el Tribunal de Ética, destacan por su vigilancia contra la corrupción.
Como en estos últimos años el FMLN hace las veces de la vieja ARENA y ARENA las del viejo FMLN, cabe esperar que, después de unas semanas de agitación política, todo vuelva a la normalidad; que no se procese a nadie ni se investigue; que los ciudadanos no sepamos más que los intercambios de acusaciones e insultos en los que han convertido los diputados las plenarias; que nadie termine rindiendo cuentas por lo que ELLOS están haciendo con NUESTRO Estado.
Y son estos mismos diputados, con la venia de este mismo presidente, con las mismas actitudes, los que deben elegir pronto al Fiscal General de la República.
Y son estos mismos diputados, con la venia de este mismo presidente, con las mismas actitudes, los que deben elegir pronto al Fiscal General de la República.
Lamentablemente no hay, en estas circunstancias, mucho espacio para esperar un fiscal que de verdad combata la corrupción, o siquiera que la investigue cuando existan sospechas de que esta proviene de sus propios padrinos: el presidente y sus aliados FMLN y GANA. Dos partidos que, dicho sea de paso, conforman una alianza poco natural, poco proclive a cimentarse alrededor de principios e ideologías y más alrededor de conveniencias y compadrazgos. Esos son cambios, sí. Pero no los que prometieron ni Funes ni su partido.
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