LA VERDAD INCOMODA DE LAS MUERTES PRODUCTO DEL USO DE AGROQUIMICOS. POR RODRIGO AGUILAR.
El uso de agroquímicos, es una práctica que se ha realizado en las zonas agrícolas de El Salvador, durante mucho tiempo con el propósito de controlar plagas y fertilizar los suelos, para obtener un mayor rendimiento en las cosechas; visto de una manera simple, y sin analizar las consecuencias de usar estos productos, pudiera decirse que esto beneficia a la agricultura nacional.
Pero la realidad es muy diferente, porque estos productos son capaces de producir contaminación en los suelos, así como también en aguas superficiales y subterráneas, teniendo un impacto ambiental porque puede producir intoxicación en todo ser vivo y especialmente convertirse en la causa de enfermedades crónicas en los seres humanos.
Los sectores que enfrentan mayor riesgo de resultar con daños en su salud son, las familias que viven en las zonas rurales de nuestro país, pues en estos lugares todos sus miembros se encuentran expuestos a sufrir los efectos del uso inadecuado de los agroquímicos por causas ambientales o por causas laborales.
Por causas ambientales, debe entenderse que estos productos provocan un deterioro en el entorno donde estas personas se desarrollan, ya sea en el suelo, en el agua o en el aire, y por causas laborales debemos comprender que es porque en las actividades de siembra y cosecha, participan hombres, mujeres y niños trabajando la tierra.
Uno de los factores que contribuye a incrementar el riesgo es, que las personas que manipulan y aplican los agroquímicos en los cultivos, no cuentan con la información suficiente, ni con la capacitación necesaria que les permita conocer cuáles son, los peligros potenciales al usar este tipo de productos.
Entre los sitios más afectados del país, por la utilización de agroquímicos se encuentra Jiquilisco, lugar donde en cuatro años se han registrado 500 muertes por insuficiencia renal; esta información la han dado a conocer las autoridades municipales quienes lograron establecer pruebas documentales que, 32 de cada 100 habitantes mueren a causa de insuficiencia renal en ese lugar.
Otro municipio que enfrenta el mismo problema es San Luis Talpa, en este lugar se han registrado 55 muertes a causa de insuficiencia renal en el transcurso del año, la población y las autoridades asocian esto, a la presencia de unos barriles que contienen toxafeno, en una bodega que se encuentra en abandono desde hace 28 años, lo que motivó a que, autoridades y población se organizaran para realizar varias acciones públicas demandando una solución al problema.
Como resultado de sus acciones, la Asamblea Legislativa creó una ley transitoria que permitirá al Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente retirar esos barriles de la zona, también facultó al Ministerio de Hacienda a que brinde los fondos necesarios para llevar a cabo esta tarea, algo que sin lugar a duda aliviará a los pobladores porque disminuirá el riesgo al que se encuentran expuestos.
Lo que llama la atención en este caso es, que no se ha investigado a profundidad si la Empresa Quimagro S.A. de C.V., continúa siendo la propietaria del inmueble donde se encuentran los barriles contiendo el tóxico, porque al parecer el abandono ocurrió después que un banco embargó el inmueble, en consecuencia es importante que se investigue esta situación para deducir responsabilidades, pues resultaría injusto que seamos la mayoría de la población los que terminemos pagando con nuestros impuestos lo que debió realizar el propietario de ese terreno que obligado no solo a asumir el costo de la movilización, sino a pagar una multa, enfrentar una acción penal, sino además a indemnizar a quienes resultaron afectados por su negligencia.
También de hacer notar, que otra medida que se pretendía implantar era prohibir el ingreso al país de los productos cuyo uso está prohibido en otros países, pero que en El Salvador se comercializan sin ninguna restricción, lamentablemente esto no pudo ser posible porque el bloque de derecha encabezado por el partido Arena no quiso dar sus votos para frenar el ingreso de estos productos que dañan la salud, esto a pesar de contar con la información necesaria que establece la peligrosidad de estos pesticidas.
Esto demuestra que el tema es altamente delicado pues es una confrontación directa entre el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente de los sectores más vulnerables de la población contra el interés económico de quienes se han enriquecido teniendo conciencia de que importan productos que están destruyendo la vida de nuestros hermanos y hermanas y el ecosistema de las zonas donde son utilizados.
Debido a que está actividad de importar químicos altamente tóxicos pone en peligro la vida de muchas familias salvadoreñas y que hay intereses mezquinos que prevalecen sobre los intereses de la colectividad, todas y todas debemos involucrarnos para que haya una solución integral a este grave problema.
Debemos presionar para que hayan programas preventivos, como divulgar por todos los medio la verdad sobre las consecuencias nocivas que conlleva el uso de estas sustancias químicas, para capacitar a las personas que trabajan con ellos, defender a los más desposeídos frente al poder económico en relación a que es necesaria la prohibición de que ingresen las sustancias cuya peligrosidad está comprobada y además lograr que nuestro país firme los dos internacionales como la Convención de Estocolmo, la cual contempla un listado de sustancias cuya comercialización está prohibida en los países que lo han firmado, por estar plenamente comprobado que ponen en peligro la vida de las personas
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