BASTAN UNOS POCOS PERSIGUIENDO UN INTERES MEZQUINO PARA DESTRUIR NUESTRO PAIS. POR RODRIGO AGUILAR.
El problema al interior de la Corte Suprema de Justicia, parece haber llegado a su punto más crítico; ya que después que La Sala de lo Contencioso Administrativo admitiera las demandas que cuestionan la legitimidad de la Elección de los Magistrados electos el año 2009, la Sala de lo Constitucional declaró inaplicables esas admisiones, cometiendo una clara intromisión porque por mas que se pretenda estirar el derecho, ellos no tienen competencia en la decisiones de otro tribunal.
Después, de admitir las demandas los magistrados que integran la Sala de Lo Contencioso Administrativo, dieron un Aviso al Fiscal General de la República, porque en la demanda promovida por Juan Martinez, el ciudadano manifiesta que se han cometido los delitos de Desacato y Prevaricato.
El problema se ha agudizado de tal manera que, del plano jurídico pasó al político y ahora está teniendo consecuencias sociales; afectando la población, porque se están formando grupos que apoyan a cada una de las salas, profundizando la división que ya existe en nuestra sociedad, esto obedece a que, no se nos transmite de forma adecuada lo que realmente está ocurriendo; la base de esta afirmación es, que hay verdades que se están manteniendo ocultas y se nos pretende hacer creer que solo la Sala de lo Constitucional tiene la razón, muestra de ello es que quienes se han atribuido el cargo de ser defensores de la Constitución prefieren omitir mencionar algunos temas o tocarlos de una manera muy superficial.
El filósofo Aristóteles dijo “No se puede desatar un nudo sin saber cómo se hizo”, por esa razón es necesario que la mayoría de la población tomemos conciencia que para que este problema sea resuelto todos los involucrados deberán sentarse a estudiar las causas verdaderas que están conmoviendo las debilitadas bases de nuestro sistema judicial.
Ahora que la Comisión Especial de la Asamblea que investiga el nombramiento de los Magistrados Electos en el 2009 ha finalizado su trabajo, sale a la luz que, en la elección de los magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo González se cometieron irregularidades y errores en el proceso que culminó con su nombramiento.
Puede afirmarse entonces, que todas las fracciones que integran el primer órgano de Estado tienen responsabilidad en el problema que estamos viviendo, y aunque El partido Arena no quiera participar en la Comisión Legislativa que investiga ese caso, no están exentos de culpa porque ellos participaron en la negociación y elección de estos funcionarios, aún teniendo conocimiento pleno de las irregularidades y errores que se estaban cometiendo.
Cabe destacar que, previo a esta elección existía una medida de la Sala de Constitucional que ordenada no llevar a cabo la elección, porque una abogada de nombra Michelle Gallardo había sido favorecida con esa medida en un proceso de amparo que ella promovió, pues fue afectada por las decisiones de la Asamblea Legislativa que la dejaron fuera de las personas que podían ser electas porque cumplía los requisitos exigidos por la ley.
Frente a esta realidad, llama la atención que quienes sostienen la tesis que los Fallos judiciales se tienen que cumplir sin discutirlos, hagan caso omiso a esta resolución y no se pronuncien al respecto, porque en este caso hay un claro desacato a una orden emanada por la Sala de lo Constitucional, que fue ignorada por todos los diputados y diputadas que integran la Asamblea Legislativa.
Por esa razón, toda la sociedad debe presionar para que, se investigue también cual fue la razón que llevó a los padres y madres de la patria a cometer este error que ahora está haciendo temblar los cimientos del Organo Judicial, es necesario que salga a la luz quienes son los que atendiendo un oscuro interés forzaron este mal arreglo.
Pero es muy importante recordar y no olvidar que, en esa época el partido Arena no daba sus votos para la elección de magistrados presionado de esa manera con dejar acéfalo el órgano judicial si no se atendían sus requerimientos de que fueran nombrados los magistrados que ellos proponían, por eso cabe recalcar que tienen mucha responsabilidad en este nudo jurídico; pues su postura intransigente obligó a abrir la lista y que se violaran preceptos constitucionales y leyes secundarias, dejando en claro que esto no significa que el resto de fracciones estén exentas.
Lo que está ocurriendo nos debe llevar a la mayoría de la población a involucrarnos activamente en la solución de este problema, demandando prudencia y sensatez a todos los involucrados en el problema y además forzarlos a encontrar una solución adecuada y exigiendo también que, nuestros diputados y diputadas hagan lo pertinente para que esto no vuelva a ocurrir en beneficio de toda la nación.
Todos los salvadoreños y salvadoreñas debemos entender que millones de personas unidas persiguiendo el bien común podemos arreglar cualquier problema y levantar nuestro país, pero bastan unos pocos persiguiendo un interés mezquino para poder destruirlo, por eso debemos rebelarnos contra esas minorías que pretenden manejar nuestro destino a su antojo, porque el pueblo es soberano y ellos nuestros mandatarios.
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