EL PUEBLO HABLA-HABER SI ESCUCHAN- COMUNIDAD SANTA MARTA

Comunicado de prensa

A un año de haber presentado la Fiscalía General de la Republica el Recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia, en el caso de estafa en la compra de tierras por la comunidad Santa Marta, al señor SIGFREDO PLEITES MALDONADO, no ha habido resolución.

La comunidad, la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) y la Defensoría del Pueblo, exigen una resolución inmediata.

Consideran que es el momento que la Sala de lo Penal, levante la bandera de la justicia, tienen la oportunidad de demostrar al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional, que la justicia penal existe en la Corte Suprema. Más de tres mil campesinos y campesinas esperan y confían que el imperio de la ley es posible.

En 1981 a consecuencia del conflicto armado que sufría el país, la comunidad Santa Marta tuvo que salir a punta de cañón, para salvaguardar sus vidas exiliándose en Honduras; posteriormente el 10 de Octubre 1987 regresaron de nuevo al país sin un terreno donde instalarse, comenzaron a indagar en el Cantón Santa Marta del Departamento de Cabañas, quién podía vender unos terrenos para construir sus casas, pero mientras hacían las averiguaciones pertinentes fueron albergados en el centro escolar cantón Santa Marta.

Así se contactó con la señora María Beltrán y Juan José María Jovel para la compra de los inmuebles, quienes se pusieron de acuerdo en venderlos, por lo que manifestaron entenderse con su amigo Sigfredo Pleitez, quien posteriormente estuvo a cargo de la venta del los inmuebles a favor de la comunidad representada por la Asociación Cooperativa de producción Agropecuaria Nueva Heroica Santa Marta.

El señor Pleitez, manifestó que dichos inmuebles no estaban debidamente registrados, por lo que procedió a legalizarlos por medio de un titulo supletorio ante el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque en 1987, Inscribiéndolo en le Registro de la propiedad Raiz e Hipoteca de Cabañas, bajo el numero 98, tomo 173.

Cuatro años después, dicho titulo supletorio es declarado nulo, por el Juzgado de primera Instancia, confirmada en Segunda instancia y ratificado por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia por haberse demostrado que el señor pleitez realizo un proceso fraudulento, para inscribir las propiedades a su nombre a pesar de conocer que era ilegal, ya que dichas propiedades ya estaban inscritas en el registro de la propiedad respectiva. En consecuencia restitúyanse a favor de sus propietarios.

Ante esta situación, el Presidente de la cooperativa Santa Marta demanda al señor Pleitez por el delito de Estafa, ya que este utilizo el dolo, todo un sistema publico registral para dar apariencia de legalidad a la disposición que hizo de los bienes vendidos, engaño para obtener un beneficio y en ningún momento ofreció sanear ni solucionar el perjuicio ocasionado.

Posteriormente se da la Vista Pública contra el señor Pleitez y el Tribunal de Quinto de Sentencia falla en forma absolutoria. Frente a esa decisión equivocada, viciada y obscura, la fiscalía General de Republica presenta el Recurso de Casación.

Ahora la sentencia impugnada causa un enorme perjuicio a las víctimas y a todas las familias que viven dentro de la comunidad Santa Marta, La comunidad pide a la Honorable Sala de lo Penal:

1.- Que rectifique el fallo, que atenta los interese de todo un pueblo conformado por niños, jóvenes, mujeres y hombres campesinos que actuaron de buena fe y que las instituciones administrativas y judiciales del estado los han abandonado en la administración de justicia.

2.- Que se haga Justicia y se le aplique el peso de la ley al señor Sigfredo Pleitez, por haber estafado y manipulado las instituciones registrales y judiciales.

A la Comunidad internacional le pedimos:

Apoyo solidario, político y legal para que este caso sea observado y de ser necesario llevarlo a las instancias de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

La comunidad reafirma su lucha en defensa de sus tierras comunitarias, las cuales quieren ser arrebatadas por personas detractoras del proyecto comunitario. Dejamos en claro nuestro repudio a toda acción que atente contra nuestras tierras y reafirmamos nuestra clara convicción a continuar defendiendo nuestras conquistas.

A nuestro juicio la fundamentación del Tribunal unto de Sentencia ha sido insuficiente y contradictoria, la expropiación de tierras es un problema de país que se debe resolver desde el gobierno aplicando la ley a estafadores como Sigfredo Pleitez, debe de asegurarse la tranquilidad de comunidades campesinas golpeadas por la pasada guerra civil y que ahora siguen amenazadas por expropiación de sus tierras comunitarias. Seguiremos luchando para que se suministre justicia conforme al derecho para los más de 3000 habitantes afectados de nuestra comunidad.

Santa Marta, 11 de Noviembre del 2010