VITUPERIOS.COM- LAS AMISTADES PELIGROSAS DE FUNES CON EL EMPRESARIADO II

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LA BATALLA DE LA TELEFONÍA

Aún y así, la gran empresa agrupada en la ANEP inició su balance de los 100 días expresando su preocupación por el anuncio de una reforma fiscal. Jorge Daboub, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, identificó la decisión de eliminar, a partir del 2010, la devolución del 6% del IVA a los exportadores como una mala señal.

Otros temas que dijo generaban desconfianza eran la decisión del Estado de administrar el Puerto de La Unión y las posiciones encontradas entre la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en cuanto a la construcción de la presa El Chaparral.

La inconformidad de la empresa privada fue evidente cuando el director de la Policía Nacional Civil removió al jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO). Mucha población vio con buenos ojos este cambio, pues la implicación de esta división policial en la impunidad del crimen organizado era ya un secreto a voces.

Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, este ex-jefe policial -nombrado por ARENA- fue responsable de torturas, manejos procesales fraudulentos y coacción a testigos e imputados. Sin embargo, la ANEP condenó la acción de su remoción, cuestionando las motivaciones y la capacidad misma de la Policía Nacional Civil, quedando en evidencia la férrea defensa empresarial de lo indefendible.

También los gremios empresariales se unieron contra el gobierno cuando éste se sumó al cierre comercial centroamericano para presionar por la restitución del Presidente Zelaya en Honduras. En esa ocasión fueron más allá de declaraciones y lograron doblegarle el brazo al Presidente Funes, arrancándole una solicitud de comprensión, una oferta de compensación económica y un compromiso de consultarles la próxima vez que se presentara una situación similar.

El respaldo de la Presidencia a las empresas transnacionales telefónicas, en particular a Telecom, que controla más del 95% de la telefonía fija en nuestro país, fue clave para ir construyendo la confianza tan añorada por los empresarios.

En el mes de enero, la fracción legislativa del FMLN, reaccionó a una respuesta positiva de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) a la solicitud de América Móvil (Telecom-El Salvador) de un ajuste del cargo básico de telefonía fija con base en el índice de precios al consumidor (IPC). América Móvil, que también explota la telefonía celular bajo la marca Claro, es una de las tantísimas empresas transnacionales propiedad del hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos
Slim.

La bancada del FMLN propuso eliminar este cargo, argumentando que había sido establecido con la visión de recuperar la inversión fija de los operadores, o del operador en este caso. Según la información oficial, hasta el 31 de diciembre del 2008, la inversión fija de la empresa Telecom era de 97 millones de dólares, lo que significa que en menos de un año han sido capaces de recuperar la inversión fija.

Las empresas telefónicas comenzaron una recia campaña para no aprobar la iniciativa con reuniones bilaterales con todas las fracciones legislativas, incluyendo al FMLN y a la Presidencia de la República. Un comunicado público, firmado por estas empresas y avalado por el Director Ejecutivo de ANEP, Raúl Melara, señalaba que eliminar el cargo básico de telefonía fija sería un precedente negativo “para el clima de inversión nacional, ya que atenta contra la estabilidad jurídica y económica de El Salvador, la libertad de empresa, el derecho de propiedad y la prohibición de confiscación, reconocidos y tutelados en la Constitución de la República.

OTRA SEÑAL: GANÓ TELECOM
El día 21 de enero de 2010, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto con 78 votos a favor. Pero semanas después, el Presidente Funes devolvió el decreto a la Asamblea con observaciones. En sus declaraciones públicas, Funes se presentó como un exitoso negociador con las empresas de telefonía: “Yo logré hablar con las empresas de telefonía, les persuadí de que si bien se habían modificado las reglas del juego, porque se habían modificado los contratos;podíamos, en una adecuada gestión y en una negociación con los diputados de la Asamblea Legislativa, poder llegar a un acuerdo. De tal manera que si bien pueden verse afectadas, no lo suficiente o no tanto como para que decidan retirarse del país y afectarnos en términos de pérdida de empleo”. Días después, según el periódico digital El Faro, un memorando rotulado como “confidencial” circulaba en todas las fracciones legislativas. El documento contenía las propuestas hechas por las empresas telefónicas a Mauricio Funes: reducir el cargo básico de telefonía fija a 6.34 dólares más IVA, es
decir, unos 7.20 dólares, eliminar el CPP (Calling Party Pays) o “quien llama paga” y establecer una tarifa máxima por minuto más IVA para al servicio de llamadas de un teléfono fijo a un aparato móvil.
En las siguientes sesiones plenarias bajaba el tono de los diputados de todos los colores. Finalmente, la propuesta de las empresas transnacionales se convirtió en ley de la República. Según el economista Raúl Moreno, fue una primera señal de que el Ejecutivo no le daría la espalda al capital transnacional.

BUSCANDO “SOLUCIONES” A LA RECAUDACIÓN FISCAL
Otra señal importante fue la iniciativa de Reforma Fiscal preparada por el Ejecutivo y posteriormente aprobada por la Asamblea Legislativa en 2009. Moreno la califica como “una reforma tibia que nunca llenó las expectativas de una Reforma Fiscal integral y progresiva que se convirtiera en una herramienta para la justicia y para la redistribución del ingreso en el país”.
La parte más agresiva de esta propuesta era la creación de tribunales para perseguir el delito fiscal. El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres planteó: “Estamos proponiendo esto para poder reivindicar los derechos del fisco, que al final de cuentas, son derechos de todos los consumidores”. Ésa fue la
primera de las medidas del anteproyecto de ley, que fue vetado por la empresa privada. De ahí, se acordaron una serie de reuniones bilaterales entre el Ejecutivo y los distintos sectores que se sintieron afectados por las reformas, para ir buscando “soluciones”.

LA TIJERA DE LOS EMPRESARIOS RECORTA LA REFORMA
De esta forma se fue diluyendo la propuesta gubernamental del “paquete fiscal”, originalmente diseñado para recaudar 250 millones de dólares. Con los recortes hechos por los empresarios, apenas quedó con capacidad para recaudar unos 140 millones. La versión final de las reformas afectó principalmente a productos como el tabaco y las bebidas alcohólicas. Y ni de cerca reformó la estructura fiscal heredada de los gobiernos de ARENA. Nunca se planteó tocar la estructura regresiva del sistema tributario. No se mencionó restablecer el impuesto al patrimonio ni establecer un impuesto predial. Tampoco se tocaron los impuestos sobre las exportaciones.
En esta etapa, Carlos Araujo explicaba: “Las relaciones que ahora tenemos con el gobierno son muy buenas, con unas vías de comunicación bien amplias y en las que hemos podido participar activamente para poder buscar lo mejor para nuestro país. Acabamos de llevar a cabo todo este proceso de la reforma tributaria, en el que por primera vez el empresariado propone un pacto fiscal.” Se apropiaba así de las políticas fiscales del nuevo gobierno, hasta jactándose de ser protagonista de ellas, adueñándose de la autoría del “pacto fiscal”.

¿CÓMO FINANCIAR EL ESTADO?
En palabras del Presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, la Reforma Fiscal era “light” y aportaría poco a las necesidades del Estado. El Presupuesto General de la Nación de 2010 asciende a 3,654 millones de dólares, de los cuales 770 millones (21%) se destina al pago del servicio de la deuda pública (externa e interna). El déficit fiscal ronda los 800 millones de dólares. En un país ya casi vacío de empresas públicas que pueden aportar a los ingresos de la nación, quedan sólo dos fuentes de ingresos posibles: préstamos e impuestos. Aunque el actual gobierno ha seguido la ruta del endeudamiento, a nadie se le escapa que esta opción tiene un tope cercano en el horizonte.
Por eso, no fue sorprendente que, meses después, Alexander Segovia, actual Secretario Técnico de la Presidencia y anterior consultor en Guatemala para “mediar” las negociaciones entre el sector empresarial y el gobierno para el fallido pacto fiscal de ese país, propusiera que se realizara un pacto fiscal en El Salvador. La propuesta fue música en los oídos de quienes ven la crisis fiscal como una grave realidad que puede sumir a El Salvador en la categoría de “estados fallidos”. Segovia, coordinador del Consejo Económico Social, explicó que esta instancia, inaugurada hace un año por el gobierno, fue creada “para contribuir a la construcción de políticas públicas de Estado que le den continuidad y predilección a la gestión pública y, consecuentemente, que creen un ambiente agradable para la inversión nacional y extranjera. El CES está conformado por 24 miembros de la empresa privada, 8 del movimiento sindical, 16 del movimiento social no laboral, 10 representantes de universidades y académicos y 4 del gobierno. Según la caracterización de Walter Rivas, es el mecanismo perfecto para avalar cambios que mantengan todo igual. Y opina que es difícil que un pacto fiscal que salga del CES sea significativamente diferente de la “reforma” del año fiscal ya pactada entre el empresariado y el gobierno.

LA PROPUESTA DEL FMLN YA NO ESTÁ EN DISCUSIÓN
La propuesta fiscal del FMLN, formulada en 2004 e integrada al Programa de Gobierno con que Funes ganó las elecciones de 2009, contiene una serie de medidas que, al ser implementadas, comenzarían a redibujar el mapa tributario de El Salvador. Con respecto al IVA, el impuesto más regresivo del sistema, la propuesta consistía en eliminarlo de los precios de los artículos de la canasta básica y de los medicamentos, y aumentarlo en un 25% a los productos suntuarios. En cuanto al impuesto sobre la renta a la ganancia empresarial, el proyecto era escalonarlo, de 25 a 30 y 35%, de acuerdo a los tamaños de las ganancias. Proponían también la elevación de un piso para el pago de renta sobre las utilidades de las pequeñas empresas. Pero nada de esto está ahora en discusión.

LA PROPUESTA DE ANEP SE VA HACIENDO LEY
La ANEP, que ya había clasificado la reforma fiscal de 2009 como un “pacto fiscal”, puesto que ellos mismos habían “pactado” con el gobierno para garantizarse que no se reformara la estructura fiscal ni su lógica, que carga sobre las espaldas de la clase trabajadora con el peso de la recaudación (el IVA y el impuesto de FOVIAL representan un 70% de los ingresos tributarios), no fue nada lenta en tomarle a Segovia su palabra y lanzar su propuesta fiscal.
En junio de 2010 se conoció la iniciativa, que incluye una serie de condiciones para un pacto fiscal. Refuerzan las típicas medidas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial.
Proponen que el gasto público sea reducido aprobando la Ley de Concesiones, para poner en manos privadas los puertos, el aeropuerto internacional, las represas hidroeléctricas, las carreteras y hasta un hotel de lujo. También, “focalizar” a ras de suelo los subsidios al gas propano y la electricidad y recortar los presupuestos de los ministerios.
Además, proponen eliminar la facultad del Presidente para reasignar fondos no gastados de un ministerio a otro, basados en la experiencia de su propio partido, ARENA, que ocupó estos recursos para financiar la campaña electoral y otros gastos, sobre los que hoy la población especula, pero desconoce.
Su propuesta para aumentar los ingresos del Estado está fundamentada en la teoría de que la empresa privada, en óptimas condiciones de generar ganancias propias, será, mediante la inversión, el motor del crecimiento y el desarrollo económico del país.