El Salvador: las amistades peligrosas de Funes con el empresariado
Lunes 22 de noviembre de 2010 por CEPRID
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Elaine Freedman
“Ya van quince meses y el gobierno de Mauricio Funes no ha hecho ninguna locura. La credibilidad se gana y él se la está ganando”. Son palabras de Roberto Kriete, Presidente de la línea aérea TACA, a su regreso del viaje a Brasil, invitado por el Presidente, junto a otros grandes empresarios. ¿Qué resultados tendrán las “amistades peligrosas” de Funes con el empresariado nacional? ¿Qué significará para el país la “confianza” que ha despertado en el empresariado? La crisis empresarios-gobierno en El Salvador está superada, declaró Carlos Enrique Araujo, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) a un diario matutino después de su reciente gira a Brasil, primer viaje conjunto del Presidente Mauricio Funes con una delegación empresarial, práctica que fue habitual durante los gobiernos de ARENA.
COSTOS DE GUERRA: REFORMAS A REGAÑADIENTES
El concepto “crisis empresarios-gobierno” es una novedad en este país, donde históricamente ha costado más identificar fronteras entre los intereses empresariales y gubernamentales que los posibles puntos de diferencia.
Durante la guerra de doce años y por necesidad de los planes contrainsurgentes, los gobiernos tomaron ciertas medidas que objetivamente afectaban los intereses empresariales. La Reforma Agraria, la nacionalización de importantes sectores de la economía -la banca, el comercio exterior y la gran mayoría de los procesos agroindustriales como los beneficios de café y los ingenios de azúcar- fueron las principales medidas. Aunque hubo leves protestas de algunos sectores duros de la burguesía salvadoreña, su bloque más liberal tenía claridad: eran concesiones necesarias para mantener mínima simpatía en parte de la población y contrarrestar el avance del FMLN. Apoyaron, a regañadientes, medidas reformistas que afectaban su economía, pero que les salvaban de un “mal mayor”: que se hiciera realidad una revolución.
REFORMAS REVERTIDAS A VELOCIDAD
20 años de gobiernos del partido ARENA fueron suficientes para revertir todas las medidas tomadas desde esta perspectiva en los años 80.
El primer Presidente surgido de ARENA era uno de los mayores empresarios del país y a nadie se le ocurrió hablar de “Cristiani-Presidente” y “Cristiani-Empresario” como si hubiera diferencias. Las primeras medidas el gobierno de Cristiani (1989-1994) fueron privatizar la exportación del café y el azúcar, la importación de petróleo, un hotel estatal (el Presidente) y las consultas médicas externas del seguro social. Pronto siguieron la privatización del mercado de dólares y la de la banca, que fue la medida de mayor envergadura y mayor impacto.
Después de Cristiani vino Calderón Sol (1994-1999) con su propio paquete. Calderón Sol privatizó los ingenios de azúcar, la emisión de placas y licencias para vehículos, la telefonía, las distribuidoras de energía eléctrica y el sistema de pensiones. El gobierno de Francisco Flores (1999-2004) dio los últimos brochazos a la política de privatización con la venta del aeropuerto, la de otros servicios públicos menores. Y con la dolarización.
Estas medidas resultaron claves para transferir una fuente de generación de fondos públicos a una acumulación privada: familias como los Murray Meza, Simán, Poma, Kriete, el mismo Cristiani y otras se enriquecieron más. Cristiani “limpió” la cartera morosa de los bancos del Estado con dinero de las arcas públicas -una suma que llegó a los 3,500 millones de colones (400 millones de dólares)- y ya “limpios” los transfirió a sus amigos y a su familia. Quince años después, estos bancos se vendieron al capital transnacional por 4 mil millones de dólares y hasta hoy el fisco salvadoreño sigue esperando el pago de impuestos correspondientes por esta millonaria transacción.
ÚLTIMO GOLPE: REFORMAS FISCALES
Los cambios en la política fiscal vinieron a sellar la transferencia de fondos públicos a manos privadas. Durante el gobierno de Cristiani se eliminó el impuesto al patrimonio -pagado por los dueños de grandes propiedades-, se redujo a la mitad el impuesto sobre la renta a la ganancia empresarial -lo que benefició a quienes ganaban más- y se comprimieron gradualmente los aranceles, lo que facilitó el negocio de la importación, al que muchos empresarios ya habían apostado.
Para subsanar el vacío que todas estas reformas dejaban en las finanzas públicas, Cristiani introdujo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en septiembre de 1992. Tres años después, el gobierno de Calderón Sol, pactando con una fracción saliente del FMLN, encabezada por Joaquín Villalobos, aumentó ese impuesto regresivo al 13%. Este impuesto, que impacta en mayor grado a la población de bajos recursos, puesto que lo paga por productos de consumo toda la población, independientemente de los ingresos que tenga, llegó a representar el 52.3% de los ingresos fiscales del país en 2004.
“NECESITAMOS TENER CONFIANZA”
Beneficiada por las privatizaciones y liberada de su carga fiscal, la burguesía salvadoreña tenía mucho que perder con la llegada de un gobierno que pregonaba “un cambio” y fidelidad al legado de Monseñor Romero: la “opción preferencial por los pobres”.
Durante la campaña electoral, Elías Jorge Bahaia, director de Asuntos Económicos y Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), dirigió una carta a empresarios solicitando contribuciones monetarias para la campaña de ese partido. “Debemos estar en la capacidad de continuar construyendo la estructura social, política y económica dentro del sistema de libertades y no dar paso a una alternancia en el poder a grupos opositores”.
La crisis dentro de ARENA ya estaba entonces en marcha, evidenciada en el proceso de elecciones internas para elegir a su candidato presidencial, Rodrigo Ávila y en anteriores exigencias de una fracción de su dirigencia, para que renunciara el entonces Presidente del COENA, Elías Antonio Saca, Presidente de la República.
Aún y así, fue obvio a lo largo de la campaña que la derecha cerraría filas en contra de la propuesta electoral del FMLN. Cuando el Presidente Saca hizo un llamado a los empresarios en el IX Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade 2008) para que estos incidieran en sus trabajadores “para no perder el país” con un cambio de gobierno, el entonces presidente de la ANEP, Francisco Colorado, respondió que este tipo de acciones estaba fuera de lugar: “Los empresarios debemos tener respeto”, dijo. Seis meses después, en la recta final del evento electoral, se notó que los límites de este “respeto” eran más que los alcances: uno de los variados campos pagados que la ANEP publicó manifestando sus temores ante un posible gobierno del FMLN, llamó directamente a los salvadoreños a votar por “quién ofreciera impulsar las libertades”. “Hemos tenido 20 años de gobiernos que han generado confianza al sector privado, y ésa es la línea que conocemos y la que nos puede conducir hacia el desarrollo. Para poder seguir haciendo las cosas se necesita tener confianza”, expresó el ex-presidente de la gremial empresarial, Conrado López Andreu.
DECLARACIONES CONTRADICTORIAS
En aquellos meses pre-electorales, Colorado cambiaba de discurso una y otra vez. Por un lado declaraba no temer un gobierno de Mauricio Funes, puesto que el candidato “viene de afuera” y distaba de parecerse al anterior candidato del FMLN, Shafick Handal, quien, en palabras de Colorado, “fue secretario general del Partido Comunista en el país por cualquier cantidad de años y se definía como tal, jamás ocultó su ideología y sus posiciones y eso hace diferentes los escenarios del 2004 y los del 2009”.
Menos de quince días antes de las elecciones, Colorado amonestaba a Funes por sus alegatos afirmando que “hay empresarios que no pagan sus impuestos”. Nos preocupa sostenía el directivo empresarial “que esté haciendo una campaña que va en detrimento de un sector que ha sido el pilar del desarrollo económico y social de El Salvador”.
REMENDANDO “MALOS ENTENDIDOS”
A 40 días de la toma de posesión del nuevo mandatario salvadoreño, el presidente electo Mauricio Funes y dirigentes de la ANEP comenzaron a remendar los “malos entendidos”. Funes nombró una comisión, integrada por tres miembros -Roberto Lorenzana, Alex Segovia y Carlos Cáceres- para que mantuvieran un contacto permanente con las distintas entidades asociadas a la empresa privada. Segovia y Cáceres son dos de los asesores más cercanos a Funes.
De acuerdo con Funes, los temores empresariales quedaron disipados porque él les habló de la necesidad de impulsar las exportaciones y de trabajar todos juntos por el bien de El Salvador. “Hay deseos del sector empresarial y las dudas ya quedaron atrás”, dijo.
100 DÍAS DE CHANTAJES
Conrado López Andreu, ex-presidente de la ANEP, informó que a Funes le pidieron transparencia y le hicieron ver que los empresarios estaban dispuestos a trabajar junto al gobierno, pero que requerían un camino de libertad hacia el progreso.
Este tipo de declaraciones genéricas, inespecíficas, caracterizó el discurso de la empresa privada durante el primer año de gobierno de Funes. “La confianza no se construye de la noche a la mañana”, repitieron
incesantemente, advirtiendo una y otra vez que eran ellos quienes tenían la potestad de darle o no un voto de confianza al nuevo gobierno, y no al contrario. Y que se lo darían según las muestras de lealtad que el Presidente les diera a ellos.
100 DÍAS “SIN CHOCAR CON LA DERECHA”
En su evaluación sobre los primeros 100 días de gobierno, el economista y representante del Sector Profesional del FMLN, Walter Rivas, concluyó que la empresa privada tenía pocas razones para desconfiar del gobierno de Mauricio Funes: “La derecha económica parece estar cómodamente instalada porque no hay acciones de parte de este gobierno que les puedan afectar. El gobierno ha optado por no chocar con la derecha. Pueden hacer una reforma fiscal administrativa que permita recaudar otros 6 millones de dólares sin afectar seriamente a la gran empresa”.
“Se ha formado un Consejo Económico Social para debatir las políticas económicas y sociales y se ha metido ahí a todo el mundo. ¿Cuál es la concesión que ha hecho la derecha ahí? Tener en la misma mesa a los dirigentes sindicales y a los del movimiento social. Pero es un Consejo Consultivo para ponerse de acuerdo en algunas cosas, pareciendo más un mecanismo de desahogo que de resolución. A la derecha económica esto le parece bien. Sigue manteniendo sus privilegios. El problema será cuando quieras bajar el costo de la energía eléctrica, de la harina, cuando quieras romper el monopolio del azúcar o de las líneas aéreas o bajar los precios de los combustibles”.
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